Los funcionarios estatales de la seguridad en el estado defendieron los resultados del programa Escudo, que fue cuestionado por diputados del PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena, durante la glosa del informe en el Eje Guanajuato Seguro.
Por un lado, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, dijo tener una percepción diferente de la seguridad en el estado, ante las cifras negativas que le plantearon varios diputados del PRI.
El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, negó que la entidad esté en los primeros lugares en índice delictivo a nivel nacional y pidió a los priístas no preocuparse, porque Guanajuato no está por encima de entidades como Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, en relación a la violencia.
El Secretario de Seguridad Pública reveló a los diputados que en 2018 vence el contrato contraído con la empresa Seguritech, S.A. de CV., y que debido a que toda la infraestructura de Escudo es propiedad de la empresa, la próxima administración tendría que pagar 50 millones de pesos para adquirir esta tecnología, como las 2 mil cámaras y los 20 mil botones de pánico instalados a los largo de estado, etc.
En enero de 2013, el Gobierno del Estado anunció la adjudicación directa de un contrato por dos mil 727 millones de pesos a Seguritech, S.A. de C.V., con lo que se comprometió a pagar casi 600 millones de pesos al año, durante los seis años de la administración de Miguel Márquez Márquez, a la empresa.
Suman fuerza priístas
Legisladores del grupo parlamentario del PRI cuestionaron la efectividad del programa de seguridad con estadísticas y datos extraídos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La diputada Irma Leticia González Sánchez fue la primera en cuestionar al Secretario de Seguridad Pública sobre el aumento en homicidios dolosos y si esto es un reflejo del fracaso del programa, y Jorge de la Cruz Nieto cuestionó el mecanismo de la capacitación en materia de seguridad y procuración de justicia.
La diputada Arcelia González preguntó al secretario de Finanzas, Ignacio Martín Solís, sobre las cifras estimadas del daño al Producto Interno Bruto (PIB) por la incidencia delictiva en nuestra entidad, a lo que el funcionario respondió no tener el detalle porque no se evalúan a nivel local.
La diputada Guadalupe Velázquez Díaz se refirió sobre el número de denuncias que se han presentado de acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia del Estado, y dijo que la gente no presenta sus quejas ante la autoridad pese a ser víctima de un delito, debido a una probable falta de confianza en la institución.
Santiago García López evidenció diversas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través de las que respaldó un aumento en los altos índices de inseguridad en Guanajuato, como los homicidios dolosos y los robos a negocios.
“¿Cómo podemos pensar que día a día en el corredor industrial mueren ciudadanos guanajuatenses y la estrategia va por buen camino y el programa Escudo ha dado los mejores resultados? No es ésa la percepción que tenemos los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para verdaderamente traerle la seguridad que los guanajuatenses necesitamos?”, cuestionó.
Los diputados del PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena también hicieron cuestionamientos en relación al funcionamiento, efectividad y costo-beneficio de la tecnología del programa, como los botones de pánico y los arcos carreteros.
El diputado de Morena coincidió con los priístas en el sentido de que si es necesario un cambio de estrategia en materia de seguridad en la entidad, debe hacerse.
Hacen frente Álvar
y Zamarripa
“Por supuesto que no veo el Guanajuato que usted ve, si me explico, yo veo un Guanajuato y le puedo dar algunos datos y en un simple comparativo 2016”, respondió el Secretario de Seguridad Pública, en relación al primer cuestionamiento que le hizo la diputada priísta Irma Leticia González Sánchez, sobre el programa Escudo.
Enseguida, el Secretario enlistó cifras en delitos en los que el estado ha tenido una disminución significativa entre los años 2015 y 2016, como el robo a transeúntes, con una baja con 64%; extorsión, con menos 50%; violaciones, con menos 37%; robo a transportistas, con menos 37%; robo a bancos, con menos 34%; robo de ganado, con menos 21%; robo a casa habitación, con menos 9%; y robo de vehículos, con menos 2%.
Además, aseguró que en el tema de secuestro, la entidad registra un 0%; sin embargo, en contraparte, aceptó que el ilícito de robo a negocios se incrementó en el último año, en un 19%.
El funcionario estatal también aseguró que la entidad sigue la Estrategia Nacional de Seguridad, que fue delineada a nivel nacional por el Gobierno Federal y que siguen todas las entidades del País, y de este modo rechazó la necesidad de un cambio de estrategia como lo señalaron priístas y el representante de Morena en el Congreso local.
Para Álvar Cabeza de Vaca Appendini, el problema de la entidad en materia de seguridad está en la descomposición del tejido social, la desintegración familiar y el abandono de la escuela de jóvenes y niños.
“Nuestro problema radica en la parte de violencia y delitos en ciertas comunidades, ni siquiera podemos decir en todo un municipio, en ciertas comunidades, donde tienen que trabajar el gobierno municipal, estatal y federal”, dijo.
Por su parte, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, rechazó que la entidad ocupe los primeros lugares en índice delictivo, y mostró una tabla en la que Guanajuato ocupa el lugar número 13 en este rubro a nivel nacional.
Aseguró que el índice delictivo se calcula con una fórmula, la misma que emplea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que tiene que ver con el índice de delitos medida por una tasa de cada 100 mil habitantes, y con la población del estado de la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, resulta en un índice de 16.42%.
Requeriría programa $50 millones
El diputado Rigoberto Paredes Villagómez, coordinador de los diputados del PRI, cuestionó al Secretario de Seguridad Pública sobre el estado en que se encuentra todo el equipo y material concerniente a Escudo, y la respuesta del funcionario derivó en la posibilidad de que la próxima administración Estatal tendría que pagar 50 millones de pesos más para conservar la tecnología del programa en todo el estado.
Y es que recordó que el equipo pertenece a la empresa Seguritech, S.A. de CV., con la que el Gobierno del Estado se comprometió a pagar a casi 600 millones de pesos al año durante los seis años de la administración de Miguel Márquez Márquez, a la empresa.
El contrato firmado con la empresa de seguridad en 2013 fue por 2 mil 727 millones de pesos.
El Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca reconoció que si el gobierno que sustituya a Márquez desea comprar todo el equipo instalado, deberá pagara de forma adicional 50 millones de pesos.