La demolición de una primera parte del Estadio La Martinica fue autorizada por el municipio de León desde el año pasado pero la obra está detenida hasta que se resuelva un amparo que presentó un particular ante el Séptimo Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
El permiso fue autorizado el 29 de junio de 2016, la autorización se extiende durante 730 días a favor del propietario, como señala el documento que am obtuvo a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Cuando el trámite se realizó, el propietario era el Centro Deportivo Unión de Curtidores S.A. de C.V., la vigencia del mismo vence en junio de 2018.
En la copia se detalla que se pagaron 45 mil pesos por la emisión y se trata de un permiso parcial ya que refiere que es exclusivamente para la demolición de la tribuna sol, palcos, salón de eventos y sanitarios.
Se establece que los trabajos de demolición debían de realizarse en un horario de ocho a dieciséis horas específicamente. El permiso fue emitido con el número 2016/9-184131.
Sin embargo las obras de demolición no iniciaron inmediatamente después de que les fue autorizado el permiso a los propietarios, confirmó la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo.
Dos meses después Protección Civil realizó una inspección en el inmueble y detectó se utilizaban algunas áreas y existía riesgo de derrumbe.
“Seguían utilizando el inmueble y es por eso que instaura la medida de seguridad. Seguía siendo utilizado con algunos torneos y baños de vapor que seguían en uso por accionistas”, detalló la funcionaria.
“En agosto de 2016 hacemos una verificación y vemos que está utilizándose (…) y bajo un dictamen de Protección Civil sobre el riesgo que representa ya utilizar esas instalaciones por el mal estado en que se encuentran las graderías, inclusive el nulo mantenimiento que se les da a las instalaciones, por ejemplo los baños de vapor, entonces se instaura una medida de seguridad, se hace la clausura”, añadió.
Frenan con amparo
Tras la clausura de las instalaciones, otro de los accionistas presentó un amparo por el cierre total del inmueble.
“Nosotros Desarrollo Urbano estamos esperando el proceso de ese amparo para poder hacer un levantamiento de sellos”, apuntó Gallardo Arroyo.
El miércoles 22 de marzo alrededor de las 4 de la tarde el grupo de accionistas que solicitó el año pasado la demolición llegó a las instalaciones para iniciar el proceso, pero el Municipio frenó la obra debido a que había sellos de clausura que no se podían quitar en tanto no se resuelva el amparo.
Desarrollo Urbano y Protección Civil levantaron las actas circunstanciadas de hechos y volvieron a colocar los sellos.
“Estamos esperando las resoluciones de ese amparo y conforme lo que se dictamine nosotros podríamos estar manteniendo los sellos o levantándolos” mencionó Gallardo.
La semana pasada se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado Séptimo de Distrito pero no se resolvió el amparo y se programó una nueva para el mes de abril.
En caso de que el juez decida otorgar el amparo al accionista que lo presentó, entonces tendrían que retirarse los sellos de clausura y los accionistas tendrían que llegar a un acuerdo para poder reiniciar la demolición, la cual podrán realizar con el permiso que ya les fue otorgado.
Si se niega el amparo entonces deberán esperar a que concluya el proceso administrativo que les inició el Municipio por retirar los sellos de clausura y que se resuelva también la demanda penal que presentarán por el mismo motivo.
Posteriormente los accionistas podrían solicitar un nuevo permiso de demolición.
También en caso de que la demolición que ya estaba autorizada pueda avanzar, los accionistas tendrán que solicitar un nuevo permiso para derrumbar las áreas que no estaban contempladas en la primera solicitud.