Pese a la crisis de seguridad por la que atraviesa Tamaulipas debido al recrudecimiento de la violencia, el Gobierno del estado dio ayer el primer paso para que el Ejército se retire de las calles.
El Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca descartó renovar el convenio de seguridad, que en los últimos seis años garantizó la permanencia de dos mil 290 militares en la entidad.
“Ese convenio no se va a renovar como estaba anteriormente. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para poder contar con nuestra propia policía”, indicó ayer el Mandatario, antes de respaldar ante diputados la Ley de Seguridad Interior.
Mediante este convenio, que durante el pasado sexenio del ex gobernador priísta Egidio Torre Cantú se renovó cada año, los militares realizan funciones de policía estatal y municipal en 22 de los 43 municipios del Estado.
El acuerdo establece el pago de un estímulo mensual de cuatro mil pesos para cada elemento de las fuerzas federales que operan en Tamaulipas, así como el hospedaje y combustible para sus unidades.
Durante el pasado sexenio, el Gobierno estatal gastó tres mil millones de pesos al año en el rubro de seguridad, la mayor parte se destinaba al convenio con las fuerzas federales.
Hasta mediados del año pasado, en Tamaulipas había 16 mil elementos federales, entre soldados, marinos, agentes federales y de la Gendarmería, pero algunos han sido reasignados a otros Estados.
Para sustituir a los militares que quedan, el Gobernador tamaulipeco explicó que actualmente cuentan con dos mil 700 agentes estatales.
“Un Estado como el nuestro requiere alrededor de 10 mil elementos de policías estatales para cubrir el número de habitantes. Hoy en día recibimos dos mil 700 (agentes estatales), en consecuencia es una labor titánica, pero posible el poder contar con los elementos suficientes para garantizar la seguridad de las familias en el Estado”, indicó Cabeza de Vaca.
“Y mientras tanto tendríamos que tener el respaldo de las fuerzas armadas, pero éstas, les repito, están subsanando las deficiencias de los gobiernos estatales y municipales, es por eso que queremos llegar a contar con esa policía estatal para que las fuerzas armadas puedan regresar a sus cuarteles”.
De acuerdo con una fuente de la Administración anterior, el último convenio de seguridad en el estado venció en septiembre del año pasado, pero el Gobierno de Torre Cantú dejó pagado hasta el 31 de diciembre.
Sin embargo, se desconoce si la actual gestión panista ha cumplido con el convenio en este 2017.
Ante el déficit de policías, el titular de la Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe López Castro, señaló que se reunirá con mandos federales y estatales para revisar el esquema de reclutamiento, así como para hacer un planteamiento de nuevas estrategias.