La batalla por la inmigración empezó en Estados Unidos. El fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, amenazó a las ciudades santuario con un recorte de 4 mil millones de dólares en fondos federales por proteger a los ilegales y negarse a colaborar con la Administración Trump.
En un País con 11 millones de irregulares, la mitad mexicanos, la advertencia supone la apertura de hostilidades contra quienes, como los alcaldes de Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Washington, rechazan sumarse a la campaña de miedo en la que se ha embarcado el Ppresidente.
“Cuando las ciudades y los Estados se niegan a ayudarnos a cumplir nuestras leyes, nuestro País es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions.
Sus palabras, desde la Casa Blanca, suponen una escalada en un conflicto ideológico.
Empujado por su xenofobia, basada en la identificación entre crimen e inmigración, el Gobierno de Trump ha endurecido la presión contra los indocumentados.
La Fiscalía General calificó la falta de colaboración de de las ciudades santuario de una “amenaza para la seguridad pública”, e “inaceptable”.
Ahora, el fiscal dio un nuevo paso. Cifró en 118 las localidades disidentes y nombró a los primeros que serán castigados, como Boston, Cambridge, Somerville, Northampton y Amherst.
Así inicia la ofensiva, la batalla que Sessions mismo liderará en cumplimiento de las promesas electorales de Trump.