El abuso sexual y otras manifestaciones de violencia contra mujeres y niñas en México es inaceptable y preocupante debido a la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, alertaron instituciones federales.
Luego del amparo concedido por un juez federal a uno de los llamados “porkys” de Veracruz, advierten con preocupación que se califique a las mujeres como víctimas de violencia sexual en función de la interpretación de supuestas intenciones.
Así lo afirmaron la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en un pronunciamiento en el que demandaron actuar con firmeza.
Las dependencias condenaron enérgicamente la violencia sexual de la que fuera víctima una menor de edad en enero del 2015 en Boca del Río, Veracruz, por cuatro jóvenes “plenamente identificados”, y reiteraron que no se puede tolerar la violencia de género y la discriminación.
Por estos hechos y por el otorgamiento de un amparo a uno de ellos por parte de un juez federal que estimó que no existen elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra, alentaron a las autoridades judiciales a conducir eficaz y adecuadamente el proceso penal del caso, eventualmente sancionar a los responsables y reparar el daño a la víctima y su familia.
Ante la visibilización que ha recibido este caso, abundaron, el mayor riesgo es la normalización en el entorno social del abuso y la violencia en contra de mujeres y niñas.
Este fenómeno, agregaron, es la violación a los derechos humanos más habitual y tolerada en México.
“La falta de acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a la justicia, es parte de una grave discriminación estructural de género que las agravia, pues existen barreras sociales e institucionales que les obstaculizan el ejercicio de este derecho humano”, indicaron en el pronunciamiento.
Subrayaron la relevancia de que las autoridades del orden local y federal sienten con este caso un precedente paradigmático para la atención, investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas.
Indicaron que es una oportunidad para que el Poder Judicial Federal establezca criterios sobre los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de pederastia, abuso sexual y violación, que permitan lineamientos más claros.
“La falta de una perspectiva de género en la impartición de justicia puede conllevar a la justificación de la violencia cometida contra las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres.
“Además de ser una peligrosa vía que puede fomentar la repetición de más agresiones en su contra”, alertaron.