En Guanajuato, las quejas contra las policías municipales se han reducido, según el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).
En 2014, las direcciones municipales de Seguridad Pública acumularon 366 quejas, en 2015 se generaron 352 incidencias y en 2016 bajó a 283.
Cabe señalar que en 2012 se registró el mayor número de quejas, con 443 violaciones a los derechos, y en 2013 bajó a 354 quejas.
En recomendaciones aceptadas, de 275, en 2012, pasaron a 164, en 2016, es decir, se registró una disminución del 40%.
Las Direcciones de Seguridad Pública de León, Irapuato y Celaya son las principales autoridades señaladas por vulnerar los derechos de la ciudadanía, según el informe 2016 de la PDHEG.
El año anterior, los ciudadanos denunciaron 283 quejas en contra de las Direcciones de Seguridad Pública municipales, de las cuales, 91 son de León, 55 de Irapuato y 43 corresponden a Celaya.
En 2016, los principales hechos denunciados son lesiones, con 81 incidencias; detención arbitraria, con 75; ejercicio indebido de la función pública, con 41; tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 32.
“La violencia y el fenómeno delincuencial son hechos que afectan negativamente el desarrollo social, económico y político del entorno social, por lo que en una sociedad de cultura de paz, las actuaciones de las instituciones de seguridad pública deben regirse por el respeto a los derechos humanos, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez”, señala la PGDHEG en el informe.
En 2016, las principales autoridades señaladas de vulnerar los derechos de la ciudadanía fueron: las direcciones de Seguridad Pública municipales, con 283 quejas, seguidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 183, las autoridades federales con 134, y la Secretaría de Seguridad Pública, con 94.
Reclamos contra policías
Desde los últimos nueve años, uno de los reclamos frecuentes de la sociedad ha involucrado la actuación de los policías municipales. Desde entonces, se han generado, del 2008 al 2016, 3 mil 93 quejas y 2 mil 83 recomendaciones.
De manera constante, los tres municipios que ocupan los primeros lugares en la incidencia de quejas, en los últimos nueve años, son León, Irapuato y Celaya.
Del 2008 al 2016, Irapuato es quien ha recibido más recomendaciones con 408, seguido de León con 336, Celaya 223.
“La Procuraduría ha sostenido de manera reiterada a lo largo de estos últimos nueve años, que los derechos humanos y la seguridad pública son un binomio”, señala en su mensaje, el procurador José Raúl Montero de Alba.
Trabajan actitudes de elementos
Francisco Javier Zaragoza Cervantes, director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, dijo que es difícil cambiar la actitud de los elementos, sin embargo, a través de las capacitaciones tratan de evitar las malas decisiones que toman los elementos.
“Yo puedo darle a un elemento la mejor preparación, pero en el lugar que él esté puede tomar una mala decisión y es cuando tenemos problemas… es conducta humana”, dijo el funcionario.
Las capacitaciones que se dan a los elementos de la dirección de León es principalmente para cambiar las cuestiones actitudinales, explicó.
“La capacitación la tratamos de llevar mucho desde el aspecto competencial, en el saber, saber hacer y el ser… el principal en cuestión de actitud (…) les decimos (a los elementos) qué consecuencias van a enfrentar tanto legales como administrativas, (para que le piensen en cometer faltas)”, señaló.
“No es sencillo, es complicado”, reconoció. Sin embargo, tratan de que las nuevas generaciones sean “verdaderas gentes de cambio en cómo se presenta la fuerza policial o cómo trabaja”.
Las capacitaciones del 2016 instruyeron a 6 mil 847 policías en diversos temas propios del ejercicio de su función y cultura de la legalidad.
“Los resultados no son efectos inmediatos, los efectos se verán conforme nosotros podamos ir cambiando el chip en esa cuestión”, mencionó.
Según la PDHEG, la pertinencia legal, estructural de las recomendaciones, el seguimiento continuo al programa de capacitación de funcionarios públicos encargados de la seguridad ciudadana, implementado por la Procuraduría, han derivado en una baja en el número de recomendaciones en contra de servidores de seguridad pública municipal.
Y para hacerle frente a los reclamos se intensificó, bajo el precepto de que seguridad pública y derechos humanos no se contraponen y deben ser más bien un binomio.