La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) determinó que en 2013 y 2014 el Gobierno de León pagó 4.2 millones en contratos de asesoría legal, administrativa, y otros, que no se acreditaron.
El Congreso del Estado aprueba hoy el informe de la auditoría específica a contratos de prestación de servicios en la que se observan hay 10 responsabilidades penales, 16 civiles y 23 administrativas.
La ASEG no encontró evidencia de los resultados de los trabajos para los cuales se les contrató y pagó, y tampoco pudo localizar a la mayoría de las empresas referidas para responder sobre lo mismo.
En su mayoría la responsabilidad de los contratos señalan al prófugo ex tesorero Roberto Pesquera Vargas; en 8 de los casos con posibles responsabilidades penales.
En las 10 penales que también son civiles suman 3.6 millones, más otros $614, 984 de otras seis civiles.
Las denuncias penales son contra quien resulte responsable por celebrar los contratos con seis empresas: dos con Advise Experts Trilogy S.A de C.V; dos con Asesoría Especializada Especta Aeesa S.A de C.V; y con Asesores y Gestiones del Pacífico S.C; Servicios Opcionales de Guanajuato S.A de C.V; Participación en Proyectos GA.VA S.A de C.V.; y Grupo Asesor Comisionista S.A de C.V.
El 24 de octubre de 2014, am publicó un reportaje que señalaba que la administración municipal había contratado a empresas ‘fantasma’ para asesoralas. Todas las empresas señaladas por la ASEG aparecían mencionadas
En febrero de 2015, una auditoría de la Contraloría Municipal confirmó las denuncias de am.
La auditoría de la ASEG que se aprueba hoy también da cuenta respecto a que en la revisión de un contrato con la empresa GA.VA “al Tesorero se le cuestionó quién determinó la necesidad de la contratación de los servicios detallados y quién contactó al proveedor y realizó su contratación, a lo que señaló: “La necesidad surge en la Tesorería Municipal. Esa auditoria fue de las referidas por la Secretaría Particular”.
Los contratos
Entre los contratos que celebró la Tesorería Municipal están dos con Advise y dos con Aeesa supuestamente para realizar trabajos de las funciones propias de la dependencia, como son la “revisión jurídica de escrituras públicas para su validación, la revisión y trámite de la cuenta pública, etc”.
La Tesorería igualmente celebró contratos supuestamente para auditar los recursos humanos, el taller mecánico, y las adquisiciones, del trienio que le antecedió, sin que se hayan cumplido los contratos.
El contrato de mayor monto señalado en el dictamen es uno por $660,000 con Grupo Asesor Comisionista S.A de C.V., consistente en un “Estudio de movilidad turística en zonas rurales y vulnerables”, en el que no se proporcionó la evidencia de entrevistas que sustente los trabajos.
El presunto responsable en lo civil es el entonces director de Turismo, Manuel López Santamaría.
Otra denuncia refiere al director de Movilidad, Amílcar López Zepeda, por un contrato con “Asesoría Especializada Especta Aeesa S.A de C.V” por $464,000 para realizar auditorías jurídica y administrativa en la dependencia, pero que tampoco se acreditó los informes de actividades obligados.