El ex gobernador de Chihuahua César Duarte recibió moches en efectivo de los proveedores del Estado a través de contratos, algunos de ellos arreglados con sobreprecio, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía estatal.
Testigos protegidos y altos funcionarios de su Administración, como el excontralor Raúl Arturo Chávez, revelan una “estructura de corrupción” que permitió pagos inflados hasta de 400% en contratos cuya asignación era controlada por el Mandatario, según la carpeta de investigación 19-2017-07029.
Con el nombre clave de T701/2017, un testigo colaborador que ocupó un alto cargo en el sexenio anterior explicó ante la Fiscalía de la entidad el funcionamiento de las operaciones e identificó a Sergio Medina y Antonio García Tarín, ex directores de Adquisiciones, como los operadores clave de Duarte.
“Algunas veces el operador intermediario con altos sobreprecios entregaba un porcentaje o montos determinados directamente al exgobernador y sus cercanos.
“En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasma), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el Director General de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al exgobernador y su grupo cercano”, dijo el testigo.
El mismo testimonio señala a Duarte Jáquez de ordenar un desvío de 250 millones de pesos desde las Secretarías de Hacienda y Educación para el proceso electoral del año pasado, en el que el PRI perdió la gubernatura.
Raúl Arturo Chávez Espinoza, quien fue secretario de la Contraloría, afirmó que la Administración pasada exigió validar el pago a proveedores con precios cuatro veces superiores al promedio del mercado.
Fue el caso de un contrato de software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal del Subsistema Estatal, por el que se pagaron 90 millones de pesos, cuando su valor real es de 15 millones, según documentos de la acusación.
Además, los testimonios refieren que el Gobierno de Duarte trató de blindar los contratos irregulares de su Administración para evitar problemas legales al término de su periodo, mediante la contratación de un servicio de asesoría para regularizar la documentación de los gastos; sin embargo estos son hoy materia de acusaciones penales.
… Y falla ‘blindaje’ de contratos
El Gobierno de César Duarte trató de blindar los contratos irregulares de su administración para evitar problemas legales al término de su periodo; sin embargo, no lo consiguió.
El 18 de febrero de 2016 Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, pidió a la Secretaría de Hacienda 250 millones de pesos para pagar tres cursos y un software, recursos que el testigo protegido dice que fueron desviados.
El 7 de junio de 2016 Yáñez le informó a Duarte que había fallado este plan de extracción de recursos, porque hubo funcionarios que se dieron cuenta de la facturación fraudulenta y fotocopiaron los documentos para posibles denuncias.
La alarma llevó a que entre julio y septiembre se convocaran reuniones con el Gobernador, Villegas y Tarín, para elaborar una estrategia para regularizar la operación.
“Ricardo Yáñez manifestó en diversas ocasiones al ex Gobernador que la operación había quedado blindada y a prueba de auditorías”, dijo T701/2017.