Peligra la “verdad histórica” de los 43

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
De acuerdo con una reconstrucción hecha por El Universal, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.
El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso podría hacer que se deje en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.
Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento, integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.
Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría.
Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: Hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el Río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al Río San Juan. Tiempo después, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: “un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula”.