Este fin de semana se anunció que el Municipio de León se quedó como propietario del terreno de Albarradones, que hace unos meses se pretendía donar para construir una base militar y que se canceló por falta de arreglo con los ejidatarios que lo tenían en su poder.
En el 2012, en este predio de 284 hectáreas de extensión se pretendía instalar un Parque Metropolitano, luego de ser donado por la Federación el 23 de marzo de ese mismo año.
Tres años después, en el 2015, el Tribunal Superior Agrario concedió una ampliación al ejido Albarradones y el terreno volvió a manos de los ejidatarios.
El Municipio peleó en tribunales en un juicio agrario para conservar la propiedad y lo logró luego de que se le concediera un amparo.
Un pleito largo
Desde el 2010 el ex alcalde y ahora diputado federal, Ricardo Sheffield, solicitó a la Federación la donación de estas hectáreas para construir un nuevo Parque Metropolitano.
Al gobierno de Sheffield se le cumplió la petición dos años después, en el 2012. En aquel entonces un Consejo Ciudadano se encargó de comenzar la planeación del proyecto, que además contemplaba un estadio de futbol y un centro de espectáculos.
Un grupo de ejidatarios se opuso al proyecto y continuaron en el pleito por este predio; así es que en el 2014 un juez concedió la posesión de 82 hectáreas a ejidatarios de San José de Romero.
El municipio perdió los terrenos por falta de un seguimiento al asunto. A finales de octubre de 2014 el Tribunal Agrario le notificó al Ayuntamiento que se estaba llevando a cabo un juicio sobre este terreno y que tenía 45 días para defenderlo. sin embargo se hizo caso omiso.
En 2015 el Tribunal Superior Agrario cedió las 202 hectáreas restantes a ejidatarios de Albarradones. Los ejidatarios consideraron que se había hecho justicia, pues desde 1977 se hacían cargo del cuidado de estas tierras y la ocupaban para sembrar.
De 1948 hasta 1973 en la zona se encontraba el campo de entrenamiento militar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre los ejidatarios, al menos de Albarradones, también había problemas sobre la posesión de estas hectáreas.
Un grupo que donó al Gobierno la hectáreas para construir el cuartel militar tenían un pleito legal con otros que reclamaban derechos sobre los terrenos, ya que formaban parte del censo original que se hizo de los habitantes del Albarradones y del que fueron sacados sin darse cuenta y acusaban que unos cuantos buscaban ser los únicos beneficiados en el arreglo con el Gobierno.
Parte de este pleito legal y por no llegar a un acuerdo definitivo con los ejidatarios es que se decidió mover la base militar a Irapuato.
Ahora los terrenos no serán de nadie, pues volvieron a manos de León y tocará a la presente administración decidir cuál será el uso que se le den a estas 284 hectáreas.