El domingo 6 de marzo de 2005, am publicó que la Procuraduría de Justicia investigaba al sacerdote José Luis de María y Campos López, denunciado por presuntos abusos a un niño de 12 años.
La mamá del menor presentó la víspera la denuncia contra el sacerdote leonés, por abusos sexuales, en la agencia XV del Ministerio Público, especializada en violencia intrafamiliar.
Era la primera vez en la historia de Guanajuato que se presentaba una denuncia por abusos contra un sacerdote.
Antes de acudir con las autoridades, la mamá del pequeño acudió al Obispado a denunciar los supuestos abusos del sacerdote leonés que oficiaba en la cuasiparroquia de María Auxiliadora, ubicada en la colonia Santa María de Cementos.
Horas después de la primera demanda, otra mamá acudió a denunciar al mismo sacerdote por abusos deshonestos.
Raúl Villegas Chávez, vocero del Arzobispado, confirmó que se investigaba al sacerdote luego de las denuncias de las señoras, realizadas el viernes 4, y ofreció resultados en 15 días.
Desde el jueves 3, el Obispo inhabilitó de sus funciones al sacerdote, una decisión que le impedía confesar y oficiar misa.
El vocero dijo jueves y viernes que monseñor Martín Rábago esperaría hasta que hubiera una denuncia penal para pronunciarse y descartó que la inhabilitación del padre fuera un intento por encubrirlo.
El domingo 6, luego de la misa en catedral, aseguró que “la Iglesia no se mostrará protectora de delincuentes” y que mientras se realizaban las investigaciones, el sacerdote no estaría en funciones.
Ese mismo día, otro menor, de 14 años, declaró ante el Ministerio Público también haber sido víctima de abusos del sacerdote.
El 7 de marzo, el Obispado informó que había pedido al sacerdote no salir de la ciudad mientras se llevaban a cabo las investigaciones.
Dos días más tarde, el juzgado VII penal de León giró orden de aprehensión contra De María y Campos, por el delito de corrupción de menores en agravio de tres niños.
El sacerdote respondió solicitando un amparo contra la orden de aprehensión el 17 de marzo, aunque el procurador de Justicia, Daniel Chowell Arenas aseguró que no procedería, por tratarse de un delito grave.
El 26 de marzo, las autoridades detuvieron en Zapopan, Jalisco, al sacerdote acusado, que había desoído la orden de no moverse de León: se refugiaba en casa de un pariente.
Tras su captura fue internado en el Cereso de León.