En caso de que la SCJN otorgue el amparo contra la deuda municipal de 350 millones de pesos sería un golpe demoledor para el Gobierno del alcalde Ramón Lemus, así lo consideró el regidor priísta Jorge Montes González.
“Si la Suprema Corte de Justicia otorga el amparo, el año que entra será un año sumamente complicado (…), tener que pagar 350 millones antes del 9 de julio complicará muchísimo el accionar del Gobierno, va a ser un golpe demoledor, no le estoy deseando mal al Municipio, nadie en su sano juicio puede estar esperando que al Gobierno municipal le vaya mal para que un partido le vaya bien”, aseguró Montes.
Ello luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en Guanajuato, resolvió que sean los 10 ministros del máximo órgano de justicia del País, quienes determinen la última palabra sobre la viabilidad del amparo, interpuesto por ex regidores de Celaya, debido a su “relevancia, novedad o complejidad”, señaló en su resolución que se hizo público el viernes.
Una de las consecuencias que podría traer la resolución del amparo a favor de los ex regidores, sería que el municipio de Celaya tendría que finiquitar la deuda tres meses antes de que culmine la administración liderada por Ramón Lemus, situación que para Jorge Montes podría acarrear “muchos problemas al municipio”.
“Tendríamos que reducir sueldos, gastos, despedir personal que también te cuesta, reducir consumos de combustibles, muchos problemas al Municipio, pero esos errores, al final de cuentas, en dado caso que así lo decida la Suprema Corte, será pagado por los ciudadanos de Celaya y eso se lo deberán de cobrar a quien lo aprobó que fue el PAN”, dijo.
Los regidores priístas Jorge Montes y Montserrat Vázquez fueron los únicos que no aprobaron la deuda municipal por no ser una deuda de inversión productiva, es por eso que a Montes González no le sorprende que el máximo tribunal de justicia del País atraiga el caso.
“No me sorprende, nosotros desde que nos opusimos a la deuda dijimos que no cumplía con el requisito de dedicarse a inversión productiva, que no estaba demostrado, que las obras eran necesarias pero que la forma de obtener ese dinero, no era la forma más adecuada”, señaló Montes González.
Y reconoció que la defensa legal de los ex regidores “está muy bien llevada”, puntualizó que “la han tratado de tirar varias veces”, es por eso que exigirá que se cumplan todos los requerimientos que pida la SCJN.