El sistema de procuración de justicia en México deja de lado a las personas por tratar de encuadrar delitos, además de que tiene colapsada su labor de investigación, lo que genera simulaciones, coincidieron expertos.
En tanto, Ximena Antillón, investigadora de Fundar, que acompaña a familiares de víctimas en su proceso en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, señaló que los ministerios públicos están rebasados e incluso les cuesta trabajo avanzar en temas burocráticos.
“Pero, además, las víctimas que vienen de los estados también nos dicen que en el fuero local tienen otros problemas, que tienen que ver con la corrupción, con la colusión”, agregó, ante representantes de la Procuraduría General de la República.
Tras inaugurar la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, advirtió que además las investigaciones se hacen mal.
“La gente piensa que investigar simplemente consiste en hacer encuestas: ¿usted estuvo en el lugar de los hechos?, ¿usted vio algo, oyó algo? Y junto 300 preguntas y digo que es mi investigación, pero eso no es una investigación”, reprochó.
“Hoy tenemos mecanismos que nos permiten hacer una investigación, sin embargo, muchos policías, peritos, agentes del MP y jueces, no lo han entendido bien”.
Durante la primera de ocho mesas de trabajo que se realizarán hasta octubre, especialistas también mencionaron que cuando las víctimas exigen su derecho a saber sobre la investigación de su caso se topan con una cultura penal que no está acostumbrada a rendir cuentas.
José Morquecho, de México SOS, lamentó que a pesar de las reformas constitucionales que se han dado desde 2008 para fortalecer la visión de los derechos humanos no se han tenido cambios sustantivos, pues México vive una crisis evidente por el número de homicidios dolosos, secuestrados y desaparecidos.
“Frente a la impunidad estructural que existe en nuestro País es evidente que los derechos de las víctimas nunca se van a garantizar”, lanzó Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas.
Exigió que se incrementen los 59 abogados que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene para defender a las víctimas de todo el País, a los más de 800 defensores de oficio que hay para los imputados.
“¿O es que no hay igual número de imputados que igual número de víctimas?, si en el proceso penal hay una tríada que es Estado, víctima e indiciado, como lo dice el 20 Constitucional, no entendemos por qué hay una desproporción tan terrible”, planteó.
José Moreno, director general de atención a víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, destacó que han intentado acercarse con los colectivos de víctimas, pues reconoció que no tienen confianza en la autoridad.
Explicó que también han trabajado con los agentes del Ministerio Público para sensibilizarlos y hacerlos entender que si una persona tiene que llorar por estar recordando los hechos, entonces no la deben presionar.