Los directores de 10 periódicos y medios electrónicos de Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila dijeron a funcionarios de la PGR y la Secretaría de Gobernación que desconfían de la respuesta que ha dado al gobierno federal ante la crisis de violencia contra periodistas que se vive en el país.
En una reunión que tuvieron en la Secretaría de Gobernación, los comunicadores señalaron que no están de acuerdo con la ejecución de las medidas que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo; principalmente por la creación de unidades estatales para fortalecer los esquemas de protección del mecanismo federal de protección a periodistas.
“El problema es que el gobierno federal está dejándole a los estados mucha de la responsabilidad en la respuesta a las agresiones contra periodistas cuando son los estados y municipios, particularmente los funcionarios, son los agresores más frecuentes del gremio”, dijo Javier Garza, miembro del Consejo Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y ex director de El Siglo de Torreón.
“Aun si no es ataque físico sí es a través de la intimidación y de las amenazas o el espionaje. Cuando no son agresores, contribuyen al no perseguir, castigar e investigar los ataques. Le están dejando el problema a instituciones que son parte del problema que de la solución”, agregó en entrevista.
Estuvieron presentes en la reunión, que se llevó a cabo el lunes, los directores de AM de León, El Debate de Sinaloa, El Diario de Juárez, El Diario de Yucatán, El Mañana de Nuevo Laredo, El Mundo de Córdoba, Noroeste de Sinaloa, RíoDoce de Sinaloa, El Siglo de Torreón y la Asociación de Editores de los Estados (AEE), de algunos de los estados con mayor nivel de violencia contra medios de comunicación.
Por la Segob estuvieron el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y Patricia Colchero, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; y Sara Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.
Garza, quien participó en el encuentro, dijo que la reunión se llevó en un tono cordial. A pesar de ello, los directores de estos medios reiteraron que el principal problema a resolver es la impunidad y se dijeron enojados por el alto nivel de vulnerabilidad y el estado de indefensión en el que operan en sus respectivos estados.
En la reunión se expuso que la crisis que afecta a los medios de comunicación locales se ha generado no sólo por la violencia producida por el narcotráfico que afecta muchos puntos del país, sino también de autoridades municipales y estatales que mantienen una relación de hostilidad frente a la prensa.
Eso a pesar de la existencia del Mecanismo de Protección Federal a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de varios organismos y protocolos existentes a nivel estatal.
“Se ha reiterado en estas conversaciones es acabar la impunidad, eso le corresponde al Estado mexicano. Lo que nos genera desconfianza es que los principales generadores de impunidad no puede encargarse de la solución del problema. Es tan grande y parece que ha rebasado a las autoridades estatales de tal manera, que se han probado incapaces de resolverlo: las agresiones continúan en aumento”, dijo Javier Garza.
Los directores reiteraron la urgencia de invitar a los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para evaluar de forma independiente el funcionamiento de los organismos de protección e fiscalías existentes a nivel federal y estatal y formular recomendaciones.
El problema es que las autoridades mexicanas no han resuelto la crisis de violencia en contra de los periodistas y que cada año incrementa el número de agresiones. Las autoridades están “rebasadas” y les ha faltado voluntad política para resolver esta situación.
“Que evalúen cuál es el problema de la impunidad en México y propongan alternativas, que sea gente ajena al problema, que no esté involucrada y le den una mirada externa. Cada año del actual sexenio han ocurrido más homicidios contra periodistas que el año anterior. Este problema tiene rebasadas a las autoridades. El común denominador es incapacidad o falta de voluntad”, dijo.
Tras el asesinato de Javier Valdez, fundador del semanario RíoDoce y corresponsal en Sinaloa del periódico La Jornada, organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han reclamado que los homicidios de periodistas ocurren en el país “con total impunidad” en una situación que es “inaceptable y cruel”.
En una carta del 26 de mayo, nueve de las organizaciones internacionales en defensa y promoción de la libertad de expresión demandaron al Presidente que invite a los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH para encontrar soluciones a la crisis de violencia e impunidad que afecta a la prensa en el país y que investiguen la situación de violencia contra los comunicadores.