Buscan enviar a cárcel a funcionarios corruptos

Hasta siete años en prisión podrían pasar un diputado local por recibir “moches”, pero esto pasaría sólo si se aprueba una reforma al Código Penal para el Estado que fue presentada en sesión de Pleno del Congreso local.
La propuesta presentada por los 36 diputados locales también plantea penas para los servidores públicos que le exijan a sus subalternos la entrega de parte de su sueldo y para quienes ejerzan ilícitamente el servicio público.
Además se propone castigos para los funcionarios públicos que sustraiga, destruya, oculte, utilice,o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia, o incumpla con la responsabilidad de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, entre otros casos.
La sanciones que se plantean en la iniciativa van de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
“Es en términos generales dejar claro que está prohibido obtener un ventaja ilícita, ilegitima de la función que se ejerce y esto desde luego es cerrarle el paso a los moches y cerrarle el paso al enriquecimiento ilícito por hacer uso de información privilegiada o de la función para beneficiar el patrimonio propio de los funcionarios”, señaló la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxic, Beatriz Manrique Guevara.
La legisladora, quien fue la encargada de presentar la propuesta legal ante el Pleno del Congreso local, aseguró que la propuesta representa un paso más en la homologación de las leyes locales en materia de anticorrupción.
“La iniciativa que acabamos de presentar es una vuelta de tuerca más para cerrar los caminos a la corrupción, no tiene que ver solamente con el tema de los diputados, sin embargo, entiendo que esto tiene cierta relevancia no se refiere a que los diputados tengamos o podamos sentir que se coarta la libertad que tenemos de gestionar en favor de los distritos de las comunidades, lo que se está prohibido de forma rotunda y además con sanciones severas es que se obtenga un provecho o un beneficio ilegítimo de las labores propias de la función”.
“Por poner un ejemplo en el presupuesto de egresos, tanto de municipio como de el presupuesto estatal, ponía alguien un ejemplo que me parece muy ilustrativo, resulta positivo y loable que un diputado logre recursos para la pavimentación de una zona desfavorecida de cualquier municipio, lo que no sería loable es que fuera propietario de terrenos en la misma zona y esto se convertirla en una ventaja indebida y está ya prohibido y sancionado a través de esta iniciativa”, añadió.
La legislación establece que al servidor público que por sí o por medio de otro solicite, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para hacer u omitir un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones, así como al legislador local o miembro del ayuntamiento que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, por sí o por medio de otro, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para gestionar la asignación de recursos a favor de un ente público; se aplicará prisión de uno a seis años y de diez a sesenta días multa e inhabilitación hasta por cinco años para desempeñar cualquier función pública.
Además se establecen diversos supuesto y sanciones según la intervención o la conducta cometida por el funcionario público que tenga intervención con el manejo de presupuestos, principalmente.