Proponen castigo para quienes vendan predios irregulares

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para que se castigue a quien promueva o induzca el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, así como a quien autorice la ejecución de obras que se ubiquen en zonas de riesgo.
La iniciativa contempla añadir dos nuevos artículos en los cuales se castigue con una pena de tres a nueves años de prisión y de cien a mil días de multa a quien propicie, induzca, permita o se beneficie de la ocupación irregular de áreas urbanizadas y las que se consideren no urbanizables en los centros de población, de conformidad con el Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Además se incluye una pena de cinco a diez años de prisión y de cien a mil días de multa para sancionar a quienes autoricen la ejecución de construcciones susceptibles de ser ocupadas por personas que se ubiquen en zonas de riesgo.
En caso de que un servidor público sea el que cometa alguna de las citadas irregularidades se aumentará en un medio y se le destituirá del cargo o empleo, además de inhabilitarlo de uno a diez años para que desempeñe cualquier función pública.
El diputado Juan Gabriel Villafaña aseguró que en México, durante mucho años, algunas personas se han enriquecido a costa de propiciar, inducir, permitir y engañar a familias en situación vulnerable para ocupar irregularmente áreas urbanizadas o terrenos que no son consideradas como urbanizables.
“Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos que esta situación no puede permanecer sin castigo y quienes son capaces de dañar de esa forma a sus víctimas merecen no sólo un apercibimiento, no sólo un regaño o una multa, sino una pena de prisión”, concluyó.