Luego de que autoridades destrabaran el proyecto del distribuidor vial que entroncará la autopista Salamanca-León con los bulevares Delta y Timoteo Lozano, un problema entre particulares nuevamente podría frenar la construcción.
Lo anterior porque el distribuidor pasará por terrenos que no están libres de gravamen debido a un embargo.
La norma del Manual de Procedimientos Tipo para los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que señala para dicha compraventa se debe contar con el certificado de libertad de gravámenes o bien con autorización del acreedor para que se realice la venta respectiva.
El pasado 10 de mayo el gobernador Miguel Márquez informó que con ayuda del alcalde Héctor López Santillana se destrabó el problema de liberación de los terrenos que estaban frenando el proyecto; se negoció y finiquito el pago a los propietarios.
El 29 de mayo uno de los afectados, quien pidió omitir su nombre por cuestiones legales, presentó un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito argumentado: “no se puede realizar la construcción de la carretera sobre los terrenos en los cuales tengo un gravamen, ya que la normativa interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implica que debe de haber un permiso o anuencia de los acreedores de los predios a afectar, lo cual, en mi caso, no ha pasado”.
Son casi cuatro hectáreas embargadas a favor del denunciante, quien reclama a las autoridades la falta de aviso y solicitud de permiso de anuencia (consentimiento o aprobación) para la liberación o en su caso la cancelación de los gravámenes, por lo que aseguró se están violando sus garantías individuales como acreedor del inmueble.
El 16 de febrero del 2010 se llevó a cabo la diligencia de embargo (predios) como ejecución de sentencia de un juicio entre los propietarios de los terrenos y el afectado. Desde entonces no están libres de gravamen porque continúa el proceso sin que se pueda ejecutar la sentencia.
El asunto es que el propietario del terreno debe un dinero y a consecuencia lo demandaron y sus terrenos quedaron en garantía de ese adeudo.
Del asunto tuvo conocimiento como lo señala el escrito del amparo del que am tiene copia, Sergio Rodríguez Paz, Residente General de Carreteras Federales.
“En 2016, en mi carácter de acreedor de los inmuebles, entablé conversación con Sergio Rodríguez, quien me comunicó que dicho inmueble sería afectados a fin de construir la autopista, y que estaríamos en contacto constante a fin de que yo pudiera liberar, previo acuerdo económico, a los inmuebles de los gravámenes que pesan sobre de ellos”.
El documento describe que también se comunicó con dos personas del área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para informar de la situación, sin tener respuesta.
El afectado citó en el amparo el Manual de Procedimientos Tipo para los Centros SCT, inciso C, segundo punto de los lineamientos de operación: “resulta procedente la adquisición por la vía de compraventa cuando; del capítulo de compraventa de terrenos de propiedad particular, se debe establecer que, para dicha compraventa, se debe contar con el certificado de libertad de gravámenes o bien con autorización del acreedor para que se realice la venta respectiva”.
Por lo anterior se buscó la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su Enlace de Comunicación los días 1 y 2 de junio pasado y respondieron que el área jurídica trabaja en el tema para proporcionar la información.