El Gobierno encabezado por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, podría recuperar 447 mil 472 pesos y 57 centavos en el tema del caso Polideportivo, mediante una demanda civil.
En una sesión privada de Ayuntamiento, celebrada el 24 de abril de este año, los integrantes del Cabildo resolvieron que se interpondría esta demanda civil a través del área jurídica del Municipio, encabezada por el primer Síndico, Jaime Antonio Morales Viveros.
Los documentos, en poder de AM, revelan que en esta sesión se determinó proceder por la vía civil, contra los ex funcionarios de la Administración 2009-2012, Hugo Almaraz Moreno, Carlos Camarena Torres y Enrique Mauricio Torres Herrera, con el objetivo de recuperar este cerca de medio millón de pesos.
El recurso, señala el documento, se pagó con cargo al erario, siendo rendimientos del recurso total de la obra que fueron entregados a la TESOFE (Tesorería de la Federación) por el Municipio, lo que de acuerdo al escrito señala la irregularidad cometida por los ex funcionarios.
La pérdida de este recurso se suscitó ante la falta de disponibilidad del inmueble en donde se llevaría a cabo la obra del Polideportivo, actualmente ocupada por el Centro de Integración Policial (Cipol), en donde en ese momento, se encontraba la Liga de Beisbol Irapuatense.
Almaraz Moreno fungía como director de Obra Pública, mientras que Camarena Torres era director de Desarrollo Gubernamental, por lo cual, ambos tenían conocimiento de que este predio no estaba a disposición del Municipio, encabezado en ese momento por el ex alcalde, Jorge Estrada Palero.
Desde una sesión extraordinaria y privada, llevada a cabo el 15 de septiembre del 2015, según relata el texto del documento, la ex regidora panista, Ma. Del Rocío Jiménez Chávez, propuso mediante el documento S.A./2260/2015, que la Contraloría Municipal “inicie y sustancie” el procedimiento de responsabilidad administrativa contra estos ex funcionarios, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios.
Esta propuesta surgió luego de que el Ayuntamiento recibiera un oficio del entonces Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con el número OFS/1515/2016, resultado de una auditoría aplicada a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de Irapuato, donde se determinó el daño al erario.
Mauricio Torres Herrera está implicado debido a su cargo como Tesorero Municipal en el momento en que se dio el desfalco, lo que lo involucra dentro de la denuncia civil que puede interponer el Municipio y que se determina al final del documento en poder de AM, como parte de las resoluciones tomadas por el Ayuntamiento.
Por otra parte, en el mismo documento se señala que debido al tiempo que se dejó pasar por parte del Ayuntamiento, las conductas administrativas señaladas en 2015 no se pueden sancionar, pues prescribieron, quedando la opción de la vía civil para recuperar el recurso por el Gobierno de Ortiz Gutiérrez.