Desde finales de 2015 hasta la fecha, el Congreso local acumula 442 juicios de amparo presentados por ciudadanos y personas morales, en contra de diferentes leyes y reformas legales, de los cuales 260 están vigentes.
Tan sólo en 2015 se presentaron 16 recursos de este tipo, aunque los 36 diputados locales comenzaron su trabajo a partir de septiembre de ese año; hoy se contabilizan ya 442 juicios de amparo, en 2016 se promovieron 246 recurso y este año ya van 180.
El Congreso local informó que actualmente hay 260 procedimientos vigentes y 182 han concluido, aunque no se proporcionó la información de en cuántos casos la autoridad judicial concedió la razón al quejoso sobre el Congreso local.
En la lista que es pública y puede consultarse en la Unidad de Transparencia del Poder Legislatura destacan reclamos en contra de artículos específicos del Código Civil, el Código Penal, la Ley que regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Además, recursos en contra de Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, además contra la Ley de Hacienda para el Estado y leyes de ingresos de diversos municipios, en materia de Impuesto predial y Derecho de Alumbrado Público (DAP).
También hay recursos de amparo presentados en contra de decretos y procedimientos de expropiación de terrenos, por ejemplo el de las tierras de uso común y brechas del Ejido de Santa Ana del Conde Municipio de León, presentado por el Ejido Santa Ana del Conde, otro del mismo tipo presentado por Armando Rodríguez Hernández por un tierras en el Ejido Salitrillo y en el Mezquite, ambas en Silao.
Además, hay al menos cuatro amparos por la autorización de la ampliación de la carretera estatal que va de la comunidad de Juan Martín a la Comunidad de San Lorenzo, en Celaya.
Resaltan amparos por los resultados de las auditorias prácticadas al municipio de León, por distintos períodos y por la aprobación del acuerdo mediante el cual se habría ordenado la auditoría específica respecto de todos y cada uno de los procesos de licitación y contratación realizados durante el año 2014 por el municipio de León, Guanajuato, para operar el Sistema Integral de Aseo Público, resultados por cierto presentados recientemente.
Hay un amparo en coentra del decreto mediante el cual diputados autorizaron al Ayuntamiento de Celaya, contratar un crédito hasta por la cantidad de 350 millones de pesos y otro contra el decreto por medio del cual e se autorizó al Ejecutivo del Estado, para que directamente o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, gestione y contrate empréstitos-
Además resalta el juicio de amparo interpuesto por Julio Cesár García Sánchez, por una “omisión de reintegrarme a mi cargo de regidor, siendo que no tiene restringido o prohibido el desempeño de mi cargo público”.
El regidor perredista reclama al Congreso del Estado la omisión legislativa de la reforma a la Constitución del Estado de Guanajuato, “que viola mi derecho a la igualdad por exclusión tácita de la norma”.
Aprueban reforma con amparo en proceso
En la Unidad de Transparencia del Congreso también destaca un juicio de amparo interpuesto por la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, A.C. en 2015 en contra de la
reforma al artículo 5 y 117 de la Constitución Politica para el Estado de Guanajuato, en usos de suelo y edificaciones para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como para el establecimiento de centros que presenten espectáculos con personas desnudas o semidesnudas.
Este juicio de amparo está vigente y a pesar de ello, en la pasada sesión de Pleno del Congreso local se terminó de aprobar la prohibición para que en el Estado puedan otorgarse premisos de uso de suelo a casinos o table dances, pues se aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal en la que se establece esta restricción. La reforma deriva de las modificación constitucional que se realizó la pasada Legislatura.
En 2015, legisladores locales aprobaron prohibir el otorgamientos de usos de suelo y permisos de construcción para casinos o establecimientos que presenten espectáculos con personas con personas desnudas o semidesnudas en el Estado.
Esto se hizo a través de una reforma al articulo 117 de la Constitución Política del Estado, propuesta por el gobernador Miguel Márquez Márquez, con el objetivo de prevenir el delito y los daños a la salud, ya que se aseguró que la existencia de casinos y table dances propician la drogadicción y la trata de personas, aunque muchos de estos negocios operen de forma legal.
Cuando se discutió la reforma fue cuestionada por diputados de oposición, quienes que la ley podría propiciar la creación de monopolios, la sobreregulación del sector y que incluso invadía la facultad de los municipios de otorgar usos de suelo.