De no pagar los 54 mil pesos que recibió por apoyos a proyectos productivos de Sedesol (Secretaria de Desarrollo Social) en Guanajuato, Patricia Rivas Gómez podría ir a prisión preventiva, luego de ser denunciada penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la dependencia.
“Quieren que les devuelva los casi 60 mil pesos que me dieron del apoyo, ya les dije que se lleven sus cosas, pero no quieren, quieren que les dé el dinero, ¿de dónde los saco yo? Por eso pedí el apoyo, porque no tengo dinero”, lamentó.
Este sábado 17 de junio, Rivas Gómez recibió el citatorio de la PGR con el número de expediente FED/GTO/GTO/0001286/2017, para presentarse este 22 de junio en la delegación de la dependencia, en Guanajuato capital.
“A efecto de que atienda una diligencia de carácter ministerial referente al Grupo Social ‘Ciber Jeny’”, se puede leer en el documento, del que am tiene copia, donde le piden además, llevar un abogado.
Rivas Gómez, habitante de la comunidad del Coecillo, en Irapuato, se encuentra dentro de la lista de “beneficiarias” que recibieron apoyos entre el 2013 y 2014 por parte de Sedesol, cuando Claudia Navarrete Aldaco era delegada de la dependencia en la entidad.
Patricia explicó a am el 5 de mayo de este año, que fue llevada por la priísta, Claudia Razo, actual integrante del Comité Municipal del PRI en Irapuato, con Siberia Margarita Abad Bravo, de la empresa Ke Mueble en la ciudad, que le entregó facturas apócrifas que detectó el SAT, y que fueron develadas en una auditoría a Sedesol de los ejercicios de los años anteriormente mencionados.
Podría ir a prisión
Rivas Gómez explicó que luego de recibir el citatorio de la PRG para ir a la capital, habló con su abogado, quien le dijo que lo más probable es que quisieran hacer un acuerdo las autoridades con ella, para pagar el recurso del apoyo que le brindó Sedesol.
“Mi abogado me dice que van a querer que les pague, que no van a darme otra opción, pero no sé de dónde sacar todo ese dinero, me dijo también que es muy probable que lo tenga que pagar en seis meses, aproximadamente, pero no sé ni de dónde”, comentó.
La irapuatense afectada señaló que Claudia Razo fue citada el pasado 15 de junio para declarar en la Procuraduría de Justicia, pues Rivas Gómez interpuso una denuncia por ser la operadora priísta quien la llevo con el proveedor que expidió las facturas con irregularidades.
“Ella no acudió, le han hecho varias citas y nunca va, yo no sé qué hacer porque no se me hace justo que tenga que pagar yo todo ese dinero, que tenga que estar yo sufriendo por todo esto y que ella ande como sin nada”, agregó.
Pide apoyo al Gobernador
Desde el 28 de abril, Rivas Gómez envío una carta solicitando apoyo al gobernador, Miguel Márquez Márquez, por la situación en la que se encuentra desde 2014, cuando recibió una visita de personal de Sedesol a nivel nacional, que después envió un reporte donde señalaban que no contaba con el negocio, aunque el ciber funciona desde ese año.
“Le pedí ayuda para ver si el podía ofrecerme algún tipo de apoyo, pero no me contestó él (Gobernador), sino que enviaron la carta a la Procuraduría, y me buscó alguien del área de Patrimoniales, Julio César Lerma León, y me dijo que para qué le había mandado esa carta al Gobernador, que él me iba a ayudar, pero, hasta la fecha, no supe ya nada de él y no he recibido ninguna ayuda”, confesó.
Recibe ataques de priístas
Además, Rivas Gómez tuvo que reunir a testigos para que, con su queja en la Procuraduría contra Claudia Razo, pudieran sumar declaraciones, pues varios de sus conocidos, también beneficiarios y afectados por los proyectos de Sedesol, fueron llevados por la priísta con proveedores.
“Ya no me quieren responder, no me hablan, algunos de ellos, no quiero dar nombres, incluso me dijeron que no debí hacer la denuncia, que no debí decir nada, me han dejado de hablar y me dicen que no debí atacar al partido, pero yo no soy de ese partido, nada más quería tener un negocito, algo para sacar adelante a mi familia”, lamentó Patricia con la voz entrecortada.
La irapuatense está buscando formas de poder pagar los más de 50 mil pesos que fueron por unos meses un sueño cumplido para tener un ingreso y sacar adelante a su familia, pensando incluso traspasar su negocio, para no llegar a la prisión preventiva.
AM solicitó información a las áreas de la delegación de Sedesol, sin obtener respuesta, así como a la PGR que quedó pendiente de entregar datos de este caso y el proceso de denuncias penales a varios beneficiarios.