Indagan espionaje con Ángel Aguirre

Derivado de una denuncia, el Gobierno de Guerrero investiga la desaparición de un aparato de inteligencia que “espiaba” a algunos activistas, funcionarios y a la delincuencia.
Ese software costó 17 millones 500 mil pesos y fue utilizado durante la Administración de Ángel Aguirre.
De acuerdo con un funcionario en la gestión del perredista, ese aparato no sólo se usaba para detectar llamadas de la delincuencia, sino tenía “checados” a Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero; al ex dirigente del magisterio disidente, Minervino Morán, a los consejeros electorales locales, a líderes de Ayotzinapa y al Auditor General, Arturo Latabán.
Aguirre promovió la salida de este último porque su designación fue promovida ante el Congreso local por su antecesor, Zeferino Torreblanca Galindo.
Con la anuencia del entonces Mandatario, el Congreso designó a Alfonso Damián Huato, hermano de la ex diputada federal y ex asambleísta en la Ciudad de México, Estela Damián.
En una conversación difundida se escucha la voz de Latabán felicitando por su cumpleaños a una diputada local, quien no es identificada.
La legisladora le pide al Auditor que haga promueva a su hijo Alejandro ante el Congreso local para que se apruebe su cuenta pública como Edil del ejercicio fiscal de 2010, ya que en ese tiempo aspiraba a un cargo de representación popular.
“Okey, yo lo checo”, le dice Latabán.
Al respecto, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, afirmó no tener conocimiento que ese aparato servía para vigilar a activistas.
Sin embargo, reconoció que éste desapareció y se investiga a ex funcionarios de las administraciones de Aguirre y Rogelio Ortega.
Señaló que los responsables de la pérdida de este aparato son funcionarios del Poder Judicial, Secretaría de Finanzas y Administración, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia.
Indicó que derivado de esa denuncia se ordenó a la Secretaría de la Contraloría realizar una auditoría para dar con los responsables de esta compra irregular del software.
Álvarez Heredia explicó que, según el contrato de compra-venta, este aparato sería utilizado para el uso de investigación criminal, por ejemplo en cuestiones de secuestro y otros delitos graves.
“Pero no sabemos esa parte si el software se utilizó para vigilar los teléfonos de los activistas”, afirmó.
“Se supone que este software debe estar en la Fiscalía, pero se desconoce quién lo manejaba”.