Senadores aseguraron que el incremento de la violencia y los índices delictivos en el País es producto de la incapacidad de las autoridades y no del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, sostuvo que los funcionarios pretenden evadir sus responsabilidades ante el aumento de la inseguridad en las entidades federativas.
“Aquellos mandatarios locales que acusan al nuevo sistema del incremento de delitos, buscan evadir sus obligaciones de instruir y capacitar a policías, fiscales y ministerios públicos”, acusó.
“El factor principal es la deficiencia en la implementación del modelo acusatorio, en el que garantizar la presunción de inocencia es el fundamento principal”.
El legislador del PVEM advirtió que tratar de regresar al viejo modelo, donde los detenidos permanecían en la cárcel sin importar la evidencia, sería una regresión, ya que se vulneraban constantemente los derechos procesales de los inculpados.
El ex presidente del Senado y de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, también se lanzó en contra de quienes exigen, por ejemplo, que se establezca la prisión oficiosa para quienes portan armas.
El senador panista denunció que no existe investigación policiaca y que las fallas registradas hasta ahora en la aplicación del Sistema obedecen a la falta de capacidad de los ministerios públicos.
“Sabemos que es una reforma completa y perfectible, pero buena parte de los problemas que vivimos en el País, en términos delictivos y de impunidad, tiene más que ver con la actuación del Ministerio Público y de las policías”, refirió.
“No se prepararon adecuadamente para enfrentar las nuevas reglas. La mitad de las carpetas de investigación no llegan a determinación. La mayor parte de los casos que se consignan ante el juez son con detenido, es decir, en flagrancia, entonces no es la Policía la que investiga para detener”.
El senador Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Justicia, coincidió en que el incremento de la violencia es producto de la incapacidad de las autoridades para aplicar la nueva legislación.