El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, pidió que se aceleren los procesos que se llevan a cabo para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales donde podría estar involucrada la dependencia que dirige.

El pasado 16 de julio am publicó que existen tres denuncias por fraude, falsificación de firmas, alteración de documentos y presunta falta de probidad contra la Sectur, por obras inconclusas en San Miguel de Allende,

Así como otros proyectos administrados por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin) en comunidades de Guanajuato capital y San Luis de la Paz. 

En la publicación se mostraron copias de los documentos alterados que fueron firmados y autorizados por funcionarios públicos para liberar pagos de obras sin ejecutar al 100 %, en la Calzada de la Estación y la salida a Celaya de San Miguel de Allende.

Además de un oficio de la Secretaría de Turismo Federal que se alteró en uno de sus párrafos para justificar que Turismo estatal administrara las obras en los pueblos mineros de Pozos y Sangre de Cristo a través de Fundemin.

Sin embargo, Olivera Rocha le reprochó a am que se haya mencionado a la Secretaría que representa y su propio nombre en situaciones donde aún no se determina si existe la falsificación de documentos y quiénes lo hicieron.

“Aquí el tema es que no se puede decir de qué lado o qué lado porque no somos autoridad, el tema es que se aceleren los procesos; todos estamos de acuerdo en eso al final. Que se aceleren los procesos donde se encuentre el punto”, enfatizó el funcionario.

Cuestionó que se hayan publicado documentos que forman parte de procesos como si ya existiera una sentencia aprobatoria, en referencia a los oficios alterados que se presentaron de las obras de San Miguel de Allende y de la Fundemin.

“Yo como digo estoy de acuerdo que diga ya (la Secretaria) de la Transparencia, qué si y qué no, qué hizo bien y qué hizo mal la dependencia y que inicie o no procedimiento”, afirmó.

Reconoció que en el caso de las obras de San Miguel de Allende, la Sectur estatal autorizaba las estimaciones que la Dirección de Obra Pública del Municipio le enviaba para liberar los pagos a los contratistas por medio de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA).

“Ellos (Municipio) dicen que la última orden ministración con membrete de San Miguel de Allende no son las firmas del Director de obra; nos la mandan a nosotros para que se haga el pago, pero no se hace porque ellos no reconocen estas firmas y entonces denuncian”, explicó. 

Y aclaró que Turismo nunca autorizó los pagos de estimaciones que no estuvieran ejecutadas al 100%, aunque tampoco tiene conocimiento de dónde salieron las firmas falsificadas por las cuales el municipio de San Miguel de Allende realizó una denuncia ante la autoridad correspondiente.

En relación a las auditorías que se abrieron por las obras ejecutadas en los pueblos mineros de Sangre de Cristo, preteneciente al municipio de Guanajuato; y Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz (con recursos públicos administrados por Fundemin), argumentó que son auditorías que se iniciaron cuando aún no asumía el cargo.

“Yo la verdad, ni más ni menos, la verdad honestamente pa’ qué me meto en una bronca de una auditoría que no es ni mía, y luego la de Superior de la Federación; ya salió desde el año pasado esta auditoría, donde dice haber ya Transparencia, pues que ejecute y que resuelva”, aseveró el funcionario.

“Además el tema importante también es si esto lo audita la Superior de la Federación, como no ejercer acción penal ante una supuesta falsificación, ¿tú crees que no se dan cuenta si hay algo verdaderamente grave?, pues claro que se dan cuenta”, finalizó Olivera.

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