Organizaciones ciudadanas urgieron a que la PGR investigue los abusos en el albergue “Ciudad de los Niños Salamanca”.
Representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), acusaron al Gobierno de Guanajuato de no querer actuar contra el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, encargado del albergue.
Destacaron las relaciones del religioso con políticos como Juan Carlos Romero Hicks, Vicente Fox y el ex gobernador, Juan Manuel Oliva.
En rueda de prensa en la Ciudad de México las ONGs también enlistaron los abusos que detectaron en el albergue.
Horas más tarde, en otra rueda de prensa desde Guanajuato capital, el Gobierno del Estado emitió su postura.
El director del DIF, Alfonso Borja Pimentel, y el suprocurador de Justicia, Manuel Ángel Hernández, aseguraron que trabajan en conjunto para determinar si hubo violaciones a lo derechos de los menores en la casa hogar.
Defendieron el seguimiento al caso, informaron que por ahora no se investiga al sacerdote y aseguraron que se aplicará la ley a quienes pudieran resultar responsables.
“No podemos hoy culpar a nadie, no podemos crear culpables, eso no lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a permitir que aquel o aquella persona que haya abusado de cualquier forma de un menor esté libre, ahí va todo el peso de la ley, aquí no protegemos delincuentes”, afirmó el vocero del gobierno del Estado, Enrique Avilés.
Documentan evidencias
Desapariciones, embarazos, violaciones sexuales y adopciones de niños por extranjeros se suman a los abusos en la casa hogar La Ciudad de los Niños, de Salamanca, según el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas y Niños (NIMA).
En el informe “Institucionalización y violencia en la Ciudad de los Niños” que será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) para buscar que tome el caso, investigadores de NIMA reunieron testimonios sobre esos actos presuntamente cometidos en la institución dirigida por el padre Pedro Gutiérrez Farías, que no han sido tomados en cuenta por autoridades estatales.
Pero además testimonios recabados por la organización señalan que los ex gobernadores Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva, además del ex presidente Vicente Fox apoyan al sacerdote fundador y director del albergue, razón por la que la gente de la comunidad asegura hasta ahora no se concluyen las investigaciones.
Supuestamente en los actos ilícitos participaron las religiosas Hortensia J., María G., Xóchitl C., Esmeralda S. y otros colaboradores como Mauricio R. y Ramiro C.
El padre Pedro Gutiérrez Farías.
NIMA acudió al albergue de Salamanca y al del estado de Michoacán, y testigos coincidieron en que los traslados de adolescentes embarazadas fueron llevados a cabo por Martín B., conocido como “El castigador.
“Ahí el que las trata más mal es el Martín, se embarazan, y ya cuando se aliviaban… viene gente del otro lado y les dan en adopción a los niños”, se informó a los representantes de NIMA.
La asociación también recopiló testimonios sobre presuntas violaciones dentro del albergue.
“Cuando Martín las violaba (a internas) se las llevaba ahí para el cuarto en donde está el mariachi, que ahí ensayan los mariachis, ellos mismos que tocan en un grupo, como mariachi… tenían relaciones con ellas, inclusive a veces las dejaban salir para afuera a la ciudad o algo así”.
Además en la casa hogar, según dijeron a los activistas, se llevaban a cabo reuniones en las que el padre Pedro ofrecía a las adolescentes en una práctica de explotación sexual.
“El padre Pedro cuando toma lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar, una (de mis familiares) salió embarazada… ‘traigan a las muchachas’ y ahí llegan todas, haz de cuenta que son las prostitutas, fue lo que yo les dije a las del DIF (Salamanca)”, narró el testigo.
Hace unas semanas se dio a conocer que el albergue dirigido por el sacerdote con apoyo de un grupo de religiosas tenía reportes de irregularidades en su operación desde hace por lo menos nueve años.
La juez federal Karla Marcia Macías Lovera ordenó al reubicación de 134 niños y 80 jóvenes que vivían en esta casa hogar al tener evidencia de que ahí se cometían abusos tanto físicos como sexuales.
Acusa bloqueo institucional
Pese a dicha información y a quejas interpuestas en dependencias municipales y estatales sobre los abusos, el documento señala un “bloqueo” de las instituciones para investigar el caso.
En una entrevista, supuestamente una familiar de una niña internada en la casa hogar aseguró que intentó presentar una denuncia por la vía penal, pero sin respuesta.
“Del mismo Ministerio Público una licenciada a escondidas me dio un número para que yo reportara a Guanajuato, entonces ahí fue donde yo llamé y nada más oyeron que es de La Ciudad de los Niños y cuelgan”, contó.
El personal del DIF acudió al albergue.
Los activistas aseguraron que testigos coincidieron en que ex internos del albergue forman parte de instituciones públicas para defender al sacerdote Gutiérrez Farías, igual que ex funcionarios estatales y federales.
Acusan entrega de niños sin llevar proceso legal
Representantes de NIMA informaron que acudieron hace una semana al albergue y fueron atendidos por Jorge Alberto Santos López, subprocurador de servicios jurídicos del DIF, quien aseguró que ningún menor ha salido del lugar, lo que no coincide con lo dicho por familiares de un menor de edad.
– NIMA: Señora, y su nieta ¿sale por voluntad o el DIF es quien se la entrega?
– Abuela de interna: Sí, o sea que pues el DIF me la entregó a mí ya.
– NIMA: ¿Hace cuánto fue eso?
– Abuela de interna: No, pues de que me la entregó, me la entregó apenas el lunes pasado.
Esta situación es condenada en el informe de los activistas porque no se llevó a cabo ningún proceso legal para la entrega, y además encontraron a tres egresados de La Ciudad Juvenil que aseguraron que a raíz de que la situación de abusos se hizo pública, de 50 jóvenes que estaban albergados ahora sólo hay 15, porque los demás escaparon.
En el informe también se señala como delito grave la “adopción” ilegal que hicierom el padre Pedro Gutiérrez y una religiosa, quienes les dieron nombre y apellidos a más de 100 niños.
am publicó la manera ilegal en la que el sacerdote hacía firmar a los papás la pérdida de la patria potestad y después daba sus nombres y apellidos a los menores.
Se buscó al Registro Civil para que explicara el procedimiento que siguió el sacerdote para ostentar como sus hijos a más de 100 menores, pero a la fecha no hay respuesta.
Urge justicia para víctimas
NIMA, asociación dirigida por Raymundo Sandoval, propone a la PGR un esquema para la documentación del caso en el que resalta la necesidad de que exista acceso a la justicia para las víctimas y que considere las carpetas iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Que se revisen las quejas presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato.
Que se haga un censo único para conocer la situación de cada uno de los niños ingresados en el albergue, y se detalle si hubo egresos.
Además hace un llamado a Luis Enrique Guerra García, procurador federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional para que dicte medidas urgentes de protección.
Las actividades que tenía programadas el DIF en su inspección de la casa hogar.
Exigen que intervenga la PGR
Organizaciones civiles urgen a la Procuraduría General de la República (PGR) tomar el tema de los presuntos abusos e incertidumbre alrededor del albergue La Ciudad de los Niños, y aseguraron que el Gobierno del Estado no quiere acusar al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
Ayer en rueda de prensa en la Ciudad de México, representantes de las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, (NIMA) pidieron la intervención de la Procuraduría federal, a falta de respuesta del Gobierno del Estado.
Rebeca Aguayo Sánchez, coordinadora de investigación en NIMA, señaló que hay miedo entre los afectados que quieren denunciar.
Las asociaciones coinciden en la necesidad de que el caso sea comparado con el expuesto hace unos años a nivel internacional, el del albergue de Mamá Rosa
Rosa Verduzco, Mamá Rosa, con más de 80 años en 2014 fue acusada de secuestro, tráfico de personas y delincuencia organizada tras de que papás denunciaran que no podían recuperar a sus hijos.
Menores de edad declararon que colaboradores de la casa hogar los sometían a vejaciones, maltratos físicos y sicológicos, además de abuso sexual.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de REDIM, ayer señaló la oportunidad de la PGR para hacer una mejor investigación.
“Hay delitos del orden federal, quedó en evidencia que el Gobierno del Estado y las similitudes con Mamá Rosa son muchas, la experiencia y la PGR es la base para ser una investigación mejor y superar los errores que se cometieron con Mamá Rosa”, mencionó.
Insistió además en la presunta complicidad del Registro Civil para registrar a más de 100 menores, y en la misma conferencia de prensa los reporteros cuestionaron sobre el paradero del sacerdote, sin embargo éste se desconoce.
“El sacerdote y su personal siguen sin ser imputados en ningún expediente, nosotros lo preguntamos, que no podían sustentar porque seguían investigando.
“No han sido llamados como testigos, citados ni enjuiciados, por eso estamos llamando con este hashtag #Noalfueroclerical, es obvio que las autoridades de Guanajuato no quieren encontrar al sacerdote”, acusó Pérez García.
Rechaza estado encubrimiento
A 15 días de que se diera a conocer el caso de abuso a menores en la casa hogar La Ciudad de los Niños de Salamanca, el Gobierno de Guanajuato defendió el seguimiento al caso y aseguró que se aplicará la ley a quienes pudieran resultar responsables.
Ayer en rueda de prensa convocada de última hora, tras el posicionamiento de dos organizaciones que señalaron falta de atención al caso, el director del DIF estatal,
Alfonso Borja Pimentel, y el subprocurador de Investigación Especializada Manuel Ángel Hernández aseguraron que se hace un trabajo conjunto para determinar si existieron violaciones a los derechos de los menores internados.
Sin embargo descartaron que por ahora se investigue directamente al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director del albergue.
“Aquí no hay intención alguna de encubrir pero tampoco vamos a fabricar culpables, aquí se está haciendo un trabajo puntual y es un trabajo que requiere de tiempo, estamos hablando de niños, de niñas y de adolescentes.
“No podemos hoy culpar a nadie, no podemos crear culpables, eso no lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a permitir que aquel o aquella persona que haya abusado de cualquier forma de un menor esté libre, ahí va todo el peso de la ley, aquí no protegemos delincuentes”, dijo el vocero del Gobierno del Estado, Enrique Avilés.
El director del DIF Alfonso Borja aseguró que desde el 12 de julio se da atención a los 67 menores que se encuentran en el lugar.
“Atendemos de forma transversal para una vida en mejores condiciones,tenemos un equipo de abogados, psicólogos que están atendiendo.
“Hoy los niños están en contacto únicamente con el equipo de DIF”, señaló, y negó que hasta la fecha menores de edad hayan dejado la casa hogar.
El subprocurador Manuel Ángel Hernández señaló que sólo en siete casos hay probable comisión de delito, esto pese a que el expediente de la sentencia emitida por la juez federal señala que el sacerdote registró a más de 100 menores con sus apellidos.
“A la fecha se ha estado analizando, el DIF individualizando cada una de las características de los menores. De esa indagatoria en 2016, lo relacionado con las actas de Registro Civil hay que alcanzar a ver si hay un delito, porque la semana pasada nos dio a conocer que dentro de los expedientes se podrían derivar hechos delictivos en siete y ya comenzamos las indagaciones”, informó el subprocurador.