Conforme las autoridades empiezan a identificar a los migrantes que murieron sofocados en un tráiler en Texas y a investigar la red de tráfico de personas que los dejó ahí, la atención ha comenzado a enfocarse en una pregunta complicada: ¿Qué sucederá con los sobrevivientes?
El domingo fueron hallados muertos ocho migrantes que intentaban entrar a EU de manera ilegal a bordo del camión, estacionado en un Walmart de San Antonio, dos más murieron en el hospital.
Los 29 sobrevivientes podrían ser candidatos para la deportación. Sin embargo, en ocasiones anteriores, ser testigos de un evento tan mortífero ha sido tanto maldición como bendición, pues algunos migrantes han logrado así cumplir con su meta inicial y poder vivir en EU.
Con programas enfocados en que los procuradores puedan armar un mejor caso, las autoridades pueden ofrecer protección contra la deportación e incluso una posible vía a la ciudadanía a los migrantes a cambio de dar su testimonio en contra de los traficantes. Algunos abogados y activistas esperan que eso es lo que suceda en este caso.
Aunque las autoridades dijeron que todavía no ha sido tomada una decisión al respecto.
“El enfoque actualmente es la investigación criminal”, dijo Shane Folden, agente especial a cargo de las investigaciones en San Antonio para el Departamento de Seguridad Nacional.
Los casos de tráfico de personas son complejos; los agentes intentan desenredar una maraña de datos sobre cómplices que incluyen a reclutadores, organizadores y guías, además de quienes administran las casas de estancia temporal y otros puntos de descanso en el camino.
El conductor del tráiler James Bradley Jr., de 60 años y oriundo de Florida, está bajo arresto y enfrenta cargos de tráfico. Pero Folden dijo que espera que la pesquisa resulte en más arrestos y halle a los altos mandos de las redes de traficantes.
Para ello serían necesarios los testimonios de los sobrevivientes, quienes pueden dar información como números telefónicos o descripciones de las personas que los metieron a Estados Unidos.
Un reto inicial para quienes busquen quedarse de esa manera es que sean calificados como “testigos materiales”. Las autoridades migratorias dijeron el miércoles que doce personas seguían hospitalizadas mientras otra había desaparecido del radar después de ser dada de alta.
Al menos trece más han salido del hospital y están detenidos. Por el momento, sí son considerados testigos, pero la designación es temporal.
“Probablemente es lo más prudente a estas alturas calificarlos como testigos materiales para detener los procesos de deportación y después ver qué sigue”, dijo Michael Wynne, quien trabajó como procurador federal durante 12 años en el sur de Texas.
La mayoría de quienes iban en el tráiler son oriundos de México y algunos son de Guatemala. Uno de ellos ya fue identificado como Frank Fuentes, guatemalteco de 19 años quien creció en Virginia y fue deportado este año por cargos de robo y asalto.
Además de la calificación como testigos hay otra consideración clave para los sobrevivientes, que es si fueron traficados hacia Estados Unidos de manera voluntaria o si se dio en contra de su voluntad o bajo promesas falsas.
Las víctimas de tráfico pueden acceder a beneficios como asistencia financiera, vivienda y tratamiento sicológico, dijo Hon Torres, quien trabajó durante 26 años como agente migratorio federal. Mientras que se considera que quienes aceptan cruzar de manera ilegal con traficantes son considerados cómplices, según Torres.
“En este momento probablemente están llevando a cabo entrevistas para determinar si es uno o el otro”, dijo Torres.
Hay otro obstáculo potencial, y es que las solicitudes para algunas de las visas disponibles para testigos de delitos necesitan incluir una carta de verificación del Departamento de Justicia o de autoridades migratorias en las que éstos avalan la relevancia del testimonio; a veces las agencias no están de acuerdo sobre si deben o no proveer esa carta.
“Algunas de las peores peleas que he visto en mi vida profesional han sido entre directores de agencias gubernamentales sobre los testigos”, dijo Wynne.
Los procuradores, según el exfiscal, usualmente quieren que los testigos se queden en EU tanto tiempo como sea posible mientras que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no quieren que parezca que están premiando a gente que, al fin y al cabo, violó la ley.
Por lo que ofrecer la protección contra la deportación puede ser contraproducente para los procuradores dado que un abogado defensor de los acusados de tráfico puede usarlo en contra de los testigos durante el juicio.
“Un abogado defensor puede argumentar: ‘Hey, te están comprando tu comida y te están dando ropa, ¿no solo estás inventándote esto para quedarte?”, dijo Torres.
Un riesgo adicional para los testigos es el de la represalia contra ellos o su familia en sus países de origen.
La pregunta de si los sobrevivientes en este caso pueden recibir protección del gobierno podría no resolverse sino en el plazo de meses o años, pero Michael McCrum, abogado de San Antonio y exprocurador federal que representa a trece de los migrantes ya calificados testigos materiales, dijo que busca que sus clientes sean tratados “de manera adecuada y no solo sean fichitas con valor político en nuestro clima actual de ansiedad migratoria”.