El régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La elección de 545delegados para una Asamblea Nacional Constituyente, convocada con reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará hoy con el Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años.
Es decir, con el único contrapoder del país. Se trata de una decisión que ni los partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ni la presión de Estados Unidos, la UE y muchos países de la región han logrado detener y que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del Gobierno. La nueva Cámara se constituirá la primera semana de agosto.
Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea: el desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque tienen “un origen ilegítimo”. Esta circunstancia dejaría al régimen tan aislado como alguna vez estuvo la Cuba castrista, su faro moral.
“Permitirle a Maduro avanzar con su Asamblea Constituyente sería trágico para Venezuela”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Le permitiría no sólo perpetuarse en el poder, sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente de desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como la Asamblea Nacional o el ministerio público, suspender elecciones y continuar con el espiral de violencia y represión”.
El rechazo a las elecciones de hoy no proviene solo de la MUD. La Constituyente ha evidenciado una fractura dentro del chavismo. La fiscal general acusó abiertamente a Maduro de traicionar el legado de Chávez.
Y figuras como Nicmer Evans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, también rechazan la convocatoria.
“Estamos pidiéndole al presidente Maduro que se establezca un proceso de negociación para que su renuncia permita que se vaya por la puerta de delante”, concluyó Evans.
La oposición acusa a Maduro de imponer un “fraude constitucional” y de utilizar la reforma de la constitución para garantizar la permanencia del oficialismo en el poder en medio de un creciente descontento popular, y lograr el control del Congreso y de la Fiscalía General que están enfrentadas contra el gobierno.