La compra de terrenos para la fallida refinería, uno de los tres hechos por los que el PRI presentó denuncia contra el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez y acusó delitos penales, prescribió ya.
El 24 de junio del 2013 la bancada del PRI en el Congreso del Estado presentó ante la Delegación Estatal de la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por la comisión de hechos probablemente delictivos en agravio al erario federal.
Posibles delitos y cargos
Los hechos en que se acusaban delitos, entre ellos peculado, fueron tres: La adquisición de terrenos para la instalación de una supuesta refinería; adquisición de terrenos para derecho de vía de un proyecto de tren interurbano; y compra de terrenos, instalación y construcción del Parque Bicentenario.
Esas operaciones podrían encuadrar en presuntos delitos del Código Penal Federal, como abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y fraude.
En el caso de los terrenos de la refinería el supuesto delictivo prescribió este 31 de julio 2017, considerando que en julio de 2009 fue la última compra de predios y, de acuerdo con el Código Penal, la fórmula para calcular la prescripción en el delito mayor, peculado, es de ocho años.
Dinero discrecional en refinería
En el caso de la compra de terrenos para la fallida refinería en Salamanca, la acusación se basa en la operación a través de la empresa ‘fantasma’ Cereales y Pastas Finas, a la que el Gobierno estatal entregó dinero público para negociar con los ejidatarios la compra de más de 900 hectáreas para competir por la refinería, que al final se asignó a Tula, Hidalgo.
A los primeros campesinos, los intermediarios les ofrecían entre 200 mil y 250 mil pesos por hectárea, pero ya casi al cerrar la compra de tierras, a finales de julio de 2009, ofrecían hasta 3 millones por cada una. Además, la cláusula novena de los convenios de compra-venta obligaba a los ejidatarios a ser discretos o, de lo contrario, “podrían ser sometidos a proceso penal”.
Por sus servicios como gestor e intermediario del Gobierno del Estado en su momento trascendió -cita la denuncia del PRI ante la PGR- que José Ubaldo Ortiz Castro ganó casi 17 millones de pesos.
Terrenos de tren y Parque Bicentenario
En el caso de los derechos de vía para otro proyecto fallido, el del Tren Interubano, también se acusa que “se contrataron sin licitación alguna a empresas y/o particulares que han dispuesto de cientos de millones de pesos de recursos públicos federales para la compra de terrenos ahora ociosos”.
En el proyecto del tren el Gobierno de Guanajuato gasto más de mil millones de pesos en terrenos.
En cuanto a la Expo Bicentenario 2010 se estima que su construcción tuvo un costo sobre 1,100 millones de pesos, además del gasto anual público que representa su mantenimiento y la baja afluencia. La denuncia acusa que se trató de un proyecto no prioritario con irregularidades en todo su proceso.
‘Yo ya no le di seguimiento’, dice priísta
El que fuera coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local y Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI cuando se presentó la denuncia, el celayense Francisco Javier Contreras Ramírez, señaló que ellos sólo supieron que el caso lo atrajeron las oficinas centrales de la PGR, y nada más.
“Que estaba en México, en las oficinas centrales, es todo lo que sé, yo ya no le di seguimiento, quien tenía que haberle dado seguimiento es el Comité Directivo Estatal del PRI actual”, opinó.
Javier Contreras, delegado federal de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), agregó que como bancada del PRI que presentó la denuncia la PGR nunca les informó de avances. De la prescripción de delitos en uno de los tres hechos, dijo no tener conocimiento.
El dirigente estatal del PRI, Santiago García López, coincidió que no sabe el estatus de la demanda, pero que ahora sí están preparando una solicitud a la PGR para ser informados.
“La prescripción del delito jurídicamente el comentario que nos hacen nuestros abogados sería si no se hubiera una denuncia, pero como está la denuncia en curso no se da la prescripción. Lo que sí vamos a hacer nosotros es solicitarle a la PGR que nos dé una información detallada de cuál es el estado que guarda esa denuncia que la fracción del PRI interpuso en su oportunidad”, declaró en entrevista.