Grupos de protección animal detectaron que en municipios como San Francisco del Rincón y Abasolo se sigue practicando la eutanasia a perros y gatos a través de electrocución.
“Está comprobado que aún se sigue practicando electrocutarlos, uno de ellos es San Pancho, también en Abasolo. Todavía hay muchos municipios de los cuales hay que hacer una investigación a fondo porque eso es un delito, hasta por tratados internacionales ya no es posible, pero aún se sigue practicando y cuando uno cuestiona, esos centros de control dicen que en primer lugar no hay presupuesto”, aseguró Elizabeth Chacón, presidenta de la Unión de Rescatistas Independiente del Estado (URI).
Violan la ley
La Ley de Protección Animal y la Norma Mexicana 033 establece cómo se deben de insensibilizar a los animales antes de sacrificarlos y este método es uno de los que están restringidos debido al dolor que puede causar en un animal.
“Todas las eutanasias tienen que ser practicadas por algún veterinario, por alguien que tenga un título, alguien calificado, entonces qué es lo que pasa, que todos esos municipios que tienen centro de control no tiene el suficiente presupuesto para tener un veterinario calificado y como tampoco tienen acceso a los medicamento de la eutanasia, eso da pie a que ellos sigan electrocutando”, señaló la activista.
Esta denuncia se hizo durante una reunión entre grupos protectores de animales de seis municipios de Guanajuato y rescatistas independientes con la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, para recibir aportaciones a una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Animal para el Estado presentada por diputados del PAN.
Buscan trato digno a animales
La propuesta contempla cambiar el concepto de que los animales son cosas a que son seres sintientes; además, plantea la incorporación de multas por maltrato entre los 4 mil y hasta los 16 mil pesos.
Gutiérrez Campos consideró necesario revisar en qué municipios está ocurriendo y ofrecerles apoyo para que dejen de sacrificar a los animales a través de este método. La legisladora consideró que el cambio de administraciones municipales abre un área de oportunidad para que se puede erradicar esta práctica y se presten los servicios cumpliendo con las normas legales.
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