El PRI propuso cerrar la puerta con candado al procurador Carlos Zamarripa para no ser Fiscal.
Eso implica no sólo eliminar el pase automático del Procurador de Justicia a Fiscal General en la reforma constitucional que están por discutir, sino que tampoco tenga el derecho a participar en una eventual convocatoria abierta para elegir al primer Fiscal General de Guanajuato.
Así lo expuso en entrevista con am, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, José Huerta Aboytes.
Fiscal autónomo
“Queremos una Fiscalía General del Estado autónoma, independiente, que no tenga tintes partidistas, que no tenga compromisos ni con el Gobernador que se fue ni con el Gobernador actual”, sostuvo.
El abogado tricolor agregó que la prohibición legal no tendría una dedicatoria específica para el actual Procurador, sino para que cualquiera que ocupe la máxima responsabilidad en la procuración de justicia hoy y en el futuro, no pueda de ninguna forma aspirar a quedarse por otro periodo en ese encargo.
“Es el deseo de que siempre la Fiscalía General esté depositada en una persona sin compromisos”, dijo.
‘Candado’ desde la Constitución
Ese ‘candado’ para que no participe el Procurador debe estar, anotó, desde la Constitución del Estado.
El legislador se pronunció porque, aun con la exigencia de tener un jurista con capacidad probada en la materia penal, se flexibilicen los requisitos para abrir la baraja en la búsqueda del mejor perfil posible, que no necesariamente trabaje en la Procuraduría de Justicia, aunque sin descartar que pudiera haberlo.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la que es parte el priísta, ya acordó una metodología de consulta para la reforma constitucional que elimine el pase automático. Para ello se trabaja sobre tres propuestas del tema: la presentada hace un año por el entonces gobernador Miguel Márquez, otra más del PRI de la anterior Legislatura, y una reciente de la bancada del PRD.
Criterios de remoción
Respecto a la duración del Fiscal General en el cargo, que hoy está establecida en nueve años, consideró que de acuerdo a la reflexión que han hecho, siete años pudiera ser un plazo prudente, con lo que se cumple con evitar ‘se contamine’ con el relevo sexenal en la Gubernatura del Estado.
También se pronunció por precisar en la Constitución y en la Ley los criterios de su remoción.
Hoy todavía no hay ninguna iniciativa presentada para la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General.
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