Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) retomaron las propuestas realizadas por el colectivo Fiscalía que Sirva Guanajuato y presentaron una iniciativa de reforma, ante el Pleno del Congreso local.
La propuesta fue presentada por el diputado José Huerta Aboytes, quien detalló que la iniciativa no sólo busca la eliminación del pase director del procurador a la Fiscalía General, sino que cualquier funcionario de primero o segundo nivel de los tres poderes del Estado y de los organismos autónomos pueda participar en la convocatoria.
Además, contempla como lo plantearon integrantes del colectivo, reformas al artículo 95 de Constitución local para puntualizar como función específica de la Fiscalía, la investigación científica y persecución efectiva de los delitos.
“Prevé el diseño de requisitos óptimos para desempeñar el cargo con un perfil idóneo e integral. Y con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, se reforma dicho artículo 95 en su segundo párrafo a efecto de establecer como requisitos para ser Fiscal General del Estado, que éste no haya sido funcionario de segundo o primer nivel de los tres Poderes del Estado ni de Organismos Públicos Autónomos”, detalló durante la presentación de la iniciativa en sesión de Pleno.
Piden rendición de cuentas
Huerta Aboytes dijo que se establece la posibilidad de que el fiscal rinda cuentas de manera directa al Congreso del Estado y que su posible remoción del cargo sea aprobada únicamente por el Poder Legislativo.
“Con lo anterior se evita que el mecanismo de remoción sea utilizado con fines políticos o motivos personales, al trasladarse a un escenario de pesos y contrapesos que eviten una remoción arbitraria, pues supone mayor garantía al tratarse de un órgano colegiado”, enfatizó.
Fiscal autónomo
Como otra novedad, el legislador resaltó que se clarifica la denominación de la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía del Estado e impide también el pase automático tanto de procurador como de cualquier empleado actual de la Procuraduría del Estado, previendo su incorporación mediante el Servicio Profesional de Carrera.
“Se adiciona un cuarto artículo transitorio con la finalidad de que el Congreso del Estado cuente con un plazo de dos años para armonizar el marco jurídico estatal que refieran funciones distintas a la de la Fiscalía General y que actualmente se encontraban enmarcadas como atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior con la finalidad de hacer congruente la función sustantiva de este nuevo modelo de Fiscalía General sin dejar resabios en diversas leyes que actualmente tiene como representante social a la procuraduría y prevé su intervención en varios asuntos de distinta naturaleza”, añadió.
Giro a modelo actual
El diputado priísta reconoció que con anterioridad se presentaron otras iniciativas de reforma en torno al tema, una por el Ejecutivo del Estado, por el grupo parlamentario de Morena y una más por diputados del PRI de la pasada legislatura, sin embargo, consideró que los alcances de todas estas se quedan cortos.
“Ante este panorama, surge la necesidad de dar un giro de 180 grados en el modelo actual, mediante la nueva figura de la Fiscalía General del estado, sin subordinación al Poder Ejecutivo, para garantizar su plena autonomía y con un sistema eficaz que garantice la función sustantiva investigadora y persecutora de los delitos, acompañada de un proceso de designación de su titular, transparente, incluyente, democrático, con la participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la llegada de un perfil profesional idóneo.
“Basta de simulaciones e incongruencias. Lo que pretendemos es evitar: Pases automáticos, Fiscales a modo, Trajes a la medida y funcionarios que no sirvan para combatir la impunidad”, agregó.
Alerta sobre urgencia de cambios
Huerta Aboytes también advirtió que ha iniciado ya el proceso de dictaminación de las iniciativas sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y que probable en breve dicha ley sea aprobada y promulgada, por lo que resulta urgente que las reformas a nivel local se concreten.
“En ese orden de ideas, por un lado resulta necesario asumir la pertinencia de hacer compatibles el modelo seguido por la Constitución Federal y suprimir totalmente la posibilidad del pase automático y por otro, de establecer el andamiaje institucional para transitar al modelo de fiscalía, como órgano genuinamente autónomo dedicado de manera exclusiva a la investigación y persecución de los delitos.
“Estas son las dos piezas que como mínimo se requieren para una adecuación al contexto social que enfrentamos y para la efectividad en el combate a la impunidad que se demanda por una extensa parte de la sociedad”, concluyó.
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