El Gobierno del Estado de Guanajuato gasta con “mancha ancha” los recursos para publicidad oficial.
En mayo pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial en México 2018”, mismo en el que se observó que en el Estado de Guanajuato se ejerce de manera discrecional el presupuesto en esa materia.
Las comisiones unidades de Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado pidieron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez que en tres días hábiles informe “las acciones implementadas para remediar los excesos reportados en el informe especial que emitió la CNDH”. Y los “criterios para el Presupuesto 2019 en ese rubro con la finalidad de garantizar los elementos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de su presupuesto”.
A nombre del Partido Verde, la diputada Vanessa Sánchez Cordero presentó la propuesta de punto de acuerdo el 1 de noviembre y, antes de proceder a dictarminarlo, solicitaron al Ejecutivo ese reporte.
En el ejercicio fiscal del 2017 se aprobó un presupuesto para Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato por 174.33 millones de pesos y terminaron gastando 390 millones, es decir, más de 1 millón de pesos diarios. En el 2015 y 2016 el gasto fue de 235 y 223 millones de pesos, respectivamente.
Reporte de la CNDH
En el portal de Transparencia del Gobierno del Estado se observa que todas las contrataciones de publicidad se realizaron mediante adjudicación directa, con la justificación de que es “Por cobertura”.
En su Informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observa que “en ningún apartado de ese portal se dan a conocer los medios, instrumentos, o herramientas empleados por la autoridad para arribar a tal determinación y tampoco se establecen distinciones en relación con la población objetivo para discernir si la coberturia debe ser la única variable para la selección del medio”.
Además anotan que los formatos de 2016 y 2017 identificados como Programa Anual de Comunicación Social (en 2015 no se cuenta con tal documento) no son realmente eso, sino sólo una presentación que refiere “objetivo, misión, visión y valores” de la Coordinación General de Comunicación Social.
Agrega que si bien el Gobierno de Guanajuato proporcionó los medios contratados y montos de 2014 a 2017 “la información es insuficiente para establecer el proceso de evaluación del gasto, así como para identificar los parámetros o condiciones que determinan la selección de medios objeto de contratación”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CNDH señala que el Estado debe fundar por escrito y claramente cuáles fueron los parámetros para la selección del medio y la manera en que fueron aplicados; esos criterios de adjudicación deben incluir y evaluar factores como son el perfil del público al que va destinado la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo.
El 11 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, que entrará en vigor el 1 de enero 2019, y los Estados tendrán que armonizar su legislación local en la materia en un plazo no mayor a 90 días a partir de la publicación.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) tiene en proceso una auditoría a ese gasto.