El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tienen identificados a varios funcionarios públicos que participaron en la conocida ‘estafa maestra’.
En su rueda de prensa matutina dijo que la Secretaría de la Función pública informará sobre los funcionarios que fueron contratados en Pemex y están involucrados en estos delitos e hizo un llamado para que dejen sus cargos.
“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”
“No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapa ningún acto de corrupción, el día de hoy se les va entregar un reporte sobre lo que se investigó en este caso”.
Los involucrados
De acuerdo a una investigación periodística de Reporte Indigo, los funcionarios señalados son Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción y Exploración (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, nombrado subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de la paraestatal.
La secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, confirmó que los tres firmaron como responsables en 25 convenios irregulares entre Pemex y varias universidades públicas, entre 2012 y 2018.
En algunos casos, como en el convenio entre Pemex y la Universidad de la Chontalpa, el convenio consistía en la realización de servicios de asistencia técnica para los que la institución no estaba plenamente capacitada. Además, Pemex tenía permitido ejercer un monto máximo de 140 millones de pesos, pero dicho contrato tuvo un costo real de 145 millones 841 041 pesos.
La Universidad de Chontalpa tuvo que subcontratar servicios de terceros para cumplir con algunos de los servicios ofrecidos, pero aún estas otras empresas tampoco estaban completamente capacitadas para los servicios para los que fueron contratadas.
Con el Instituto Superior de Comalcalco se estableció un monto máximo de 80 millones, pero el contrato tuvo un costo real de 99 millones 935 mil 551 pesos. A pesar de que el Instituto se comprometió a no realizar subcontrataciones para cumplir sus funciones, terminó por contratar a terceros.
Además, algunas de las empresas estaban vinculadas a familiares de funcionarios públicos.
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