Uber y Cabify anunciaron hoy que dejarán de operar en Barcelona, luego de que el gobierno de la región aprobó una regulación más estricta para calmar las protestas de taxistas tradicionales.
La nueva norma que exige que los usuarios de estas apps contraten los servicios con 15 minutos de antelación es “totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios a demanda”, dijo Uber en un comunicado.
Cataluña impuso las restricciones luego de una huelga de taxistas de Barcelona que duró varios días y en la que se bloqueó una de las principales avenidas de la ciudad y se destrozaron vehículos alquilados a través de plataformas digitales.
Decepción de Cabify
Cabify, por su parte, se mostró decepcionada porque las autoridades “cedieron a la presión y las demandas del sector del taxi”.
En Madrid, los taxistas, que llevan casi dos semanas en huelga, exigen medidas similares contra estas plataformas.
Cabify, que llevaba desde el 2017 operando en Cataluña, dijo que el 98.5% de sus pasajeros consiguieron el servicio en menos de 15 minutos.
Enrique Rosich, de 60 años, conductor de una empresa que utiliza Uber, dijo que teme perder su empleo.
“Realmente es una muy mala noticia, yo creo que es una muy mala noticia para todo mundo. Es una mala noticia para los que trabajamos porque a partir de mañana lo más probable es que nos vayamos a paro”, comentó Rosich.
Cabify estima que el sector de transporte por apps ha creado unos tres mil empleos en Cataluña.
Los taxistas, entretanto, celebraron lo que consideraron una victoria de una profesión tradicional amenazada por las fuerzas de la tecnología moderna.
Antecedente en Barcelona
Es la segunda vez que Uber se retira de Barcelona. Su servicio inicial, con conductores no profesionales, fue suspendido por un fallo judicial en el 2014.
Uber regresó a Madrid en el 2016 y a Barcelona el año pasado, con un nuevo modelo que usa solo conductores que tengan licencia profesional.
Pero las empresas de apps perdieron un caso importante en el 2017 cuando el máximo tribunal de la Unión Europea determinó que deben ser consideradas compañías de transporte, no de tecnología.
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