Panistas de Guanajuato están divididos en opiniones respecto a la prisión preventiva oficiosa, que se aprobó para ciertos delitos este martes.
Entre ellos está uso de programas sociales con fines electorales, robo de combustible, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, abuso sexual contra menores, enriquecimiento ilícito, desaparición forzada y delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Mientras unos creen que es un primer paso para una solución en el país, otros consideran que va a entorpecer la impartición de justicia, aunque se dicen respetuosos de las diferencias de opiniones que los llevó a apoyar o no la reforma en San Lázaro.
A favor y en contra
Los legisladores Jorge Espadas Galván y Éctor Jaime Ramírez Barba señalaron que después de una discusión interna de partido y grupo parlamentario, decidieron que cada uno emitiera su voto respecto a su criterio personal, la realidad de su estado y las exigencias de sus representados.
—Corrupción, huachicoleo y otros 7 delitos que ameritarán prisión preventiva de oficio
Es entonces que entre los panistas guanajuatenses que votaron a favor, estuvieron Galván, Juan Carlos Muñoz Márquez , Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García; y en contra, Ramírez Barba, Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks.
“Necesitamos que el Estado mexicano tenga más fuerza en contra de los delincuentes y en este sentido ayer aprobamos que se modificara el artículo 19 de nuestra Constitución para que en lo particular nueve delitos se consideren ahora delitos graves y cuando sean procesados no tengan libertad bajo caución, es decir que pasen todo el proceso en la cárcel“, explicó el Ricardo Villarreal.
Dan argumentos
Entre los argumentos a favor, está el de Espadas Galván, quien considera que aunque esto podría ser la primera parte de una solución que requiere el país, ante una enfermedad de impunidad y criminalidad que hay en el país, se requieren más cosas como fortalecer a los Ministerios Públicos, las Policías y las capacidades de investigación.
“Yo diría: aquí está la herramienta, a chambear, fue un pequeñito paso, tenemos que dar más grandes en el tema de justicia penal y el sistema penal acusatorio para fortalecer las instituciones de procuración de justicia”, señaló.
Sin embargo, no dejó de reconocer que esta reforma existe el riesgo de que pueda usarse de tres formas: como un mecanismo para evitar la puerta giratoria con un trabajo responsable de ministerios públicos, como incentivo a la flojera en la investigación de los ministerios públicos o como un medio de persecución política.
Poca eficacia
En el lado contrario, Romero Hicks señaló que hasta el momento en ningún lugar del país, la prisión preventiva oficiosa ha demostrado su eficacia.
“Corremos el riesgo de criminalizar la pobreza, agravar la población penitenciaria, obstaculizar la justicia, entorpecer la investigación criminal y sobre todo va a tener un enorme impacto presupuestal”, enfatizó.
Y agregó que hay otras medidas cautelares que pudieran ser tomadas en cuenta como la presentación periódica ante un juez, la presentación de garantías económicas, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir del país, el cuidado o vigilancia de una persona o institución, etcétera.
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