Ciudad de México.- A 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el cual sucedió un 23 de marzo pero de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, candidato presidencial del PRI, y a medida que la investigación y el tiempo avanzan, quedan expuestas las irregularidades cometidas por la autoridad en referencia al crimen.
La versión oficial cuenta que Mario Aburto, quien es el asesino confeso y aún pugna su condena, realizó los dos disparos que impactaron en la cabeza y el abdomen a Colosio.
En un informe publicado en el año 2000 por el subprocurador especial para el caso, Luis Raúl González Pérez, quien ahora es presidente de la CNDH, afirma que en el crimen no hay indicios de participación de actores políticos ni nadie del Estado Mayor Presidencial ni del narcotráfico.
El reporte señala que Aburto confesó haber realizado el primer disparo, sin embargo, el mismo Aburto realizó distintas versiones sobre el hecho y la forma en la que accionó el arma.
En la versión oficial se afirma que declaró no haber querido matar al candidato, sino herirlo, aunque luego diría que no quería ni dispararle.
Entre las entrevistas realizadas con el asesino confeso se incluye una realizada con gasoterapia, que es inducir el sueño usando bióxido de carbono.
PGR informó irregularidades
Desde el informe publicado en el 2000, la PGR informó sobre irregularidades que incluyen declaraciones falsas producto de pagos a testigos.
Pero fue la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción la que desveló las mayores inconsistencias como las declaraciones de la, en ese entonces, novia de Mario Aburto y su manera de retractarse cuando aseguró, y luego negó, que él le había asegurado ser de un grupo político.
También de que seis policías judiciales habían declarado como testigos sin haber estado en el lugar al momento del magnicidio.
En dicha investigación, también encontraron la declaración completa de un agente de CISEN, detenido a 15 metros del lugar de los hechos, el cual, en su primera declaración diría que iba desarmado, sin embargo, una prueba química revelaría lo contrario, su nombre era Jorge Antonio Sánchez Ortega.
Aburto sigue cumpliendo su condena, sus padres viven en Estados Unidos como refugiados por miedo a represalias, y ayer, enviaron una carta al presidente López Obrador para que se reabra el caso y la investigación.