Ciudad de México.- Entre los servidores públicos denunciados penalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por investigar indebidamente el caso Ayotzinapa se encuentran funcionarios de la extinta PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.

Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR; Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, y Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, se encuentran entre los denunciados, según fuentes consultadas.

Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal

También fueron acusados Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.

El pasado martes, la CNDH informó que había presentado 6 denuncias penales en contra de 235 funcionarios que indagaron la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En entrevista, José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la CNDH, detalló que 116 de esos servidores públicos fueron denunciados por actos u omisiones en la investigación, mientras que 119 por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De estos últimos, sólo 5 fueron acusados en el fuero estatal, tanto de Guerrero como del Estado de México, mientras que 16 pertenecen a la Marina, 54 a la Policía Federal Ministerial y 44 a la Policía Federal.

Aunque Trinidad Larrieta no dio nombres, refirió la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, que fue encabezado por Tomás Zerón; así como la tortura evidenciada en video en contra del detenido Carlos Canto Salgado presuntamente a manos de Carlos Gómez Arrieta; e incluso mas actuaciones de peritos de la PGR y de quienes observaron la evolución de los hechos en el C4 de Guerrero.

También reveló que, con anterioridad, la CNDH había denunciado a un agente ministerial de la SEIDO, por haberse negado a asentar en actas la declaración de un testigo que señalaba la participación de los dos policías federales en los hechos de Iguala.

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