CDMX.-Como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República.
Grupo REFORMA tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.
En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el ex presidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral.
Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin.
Peña Nieto, dice en su consideración la FGR, se apartó el Estado de Derecho y utilizó el cargo público para el que fue electo, con el fin de delinquir.
Con su actuar ilícito no solo obtuvo beneficio personal sino procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”.
Subraya la Fiscalía en su solicitud ante el juez: “los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo”,

Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el Presidente Peña.
A instancias del mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó “de manera espontánea y por interpósitas personas” 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub.
El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados; dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban sino solo a su beneficio personal.
Y la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.
“Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros ya que hubo que realizar gestiones tanto en el país como en el extranjero para coptar los recursos ilícitos de Odebrecht”, describe el documento consultado por REFORMA.
A la vez, esos recursos hubo que “transferirlos, cambiarlos en moneda corriente, almacenarlos, entregarlos a los legisladores, condicionar el pago de sobornos a cambio de su voto a favor de la aprobación de las reformas estructurales; elaborar las propuestas legislativas a modo que beneficiaran a Odebrecht entre otros; cabildearlas con el resto de legisladores y publicar las leyes aprobadas”, precisa.
Bajo el liderazgo de Peña, Videgaray y Lozoya funcionaron “como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”.
Aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray como “autor material” de los actos criminales, la FGR deja en claro que Peña fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.
Al señalar que ocupó el cargo oficial más elevado de la administración pública entre 2012 y 2018, subraya que Peña “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores” para la aprobación de la reforma energética.
Peña tuvo “un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas”.
Una cena de moches y pleito de cantina

Emilio Lozoya Austin, impecable, de traje negro, camisa blanca y corbata roja, era el orador central de la CERAweek 2014, una conferencia anual que reúne en Houston, Texas, a los más granado de ejecutivos y analistas de la industria energética del mundo.
Inició su discurso en la cena de gala, aquel martes 4 de marzo de 2014, con una inusual deferencia: “Permítanme saludar con respeto a la delegación de funcionarios mexicanos que está aquí con nosotros; varios secretarios, pero en particular un número significativo de congresistas a quienes quiero agradecer no solo por su presencia sino por el tremendo apoyo que han dado al sector energético en México. Ellos fueron responsables para la aprobación de la reforma constitucional el pasado diciembre”.
Y efectivamente, en una de las mesas principales estaban muy orondos David Penchyna, senador hidalguense y presidente la Comisión de Energía junto con los panistas Francisco Domínguez de Querétaro; Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas; el michoacano Salvador Vega, conocido como “El Gallo”; Juan Bueno Torio, de Veracruz, junto con otros funcionarios de Pemex y ejecutivos internacionales que peleaban por estar ahí con esos héroes mexicanos.
Pocos sabían que en realidad varios senadores tenían otra cosa en la cabeza.
Tras el ovacionado discurso del funcionario mexicano y ya en la hora de los digestivos, Francisco Domínguez, alterado, tomó una pequeña bandera mexicana que estaba en el centro de la mesa y la puso de cabeza con la amenaza de que así pondrían a Pemex si no les pagaban el dinero que les adeudaban por haber apoyado al gobierno en su reforma energética. Penchyna, trató de serenarlo a la vez que enderezó la banderita. Domínguez arrebató el adorno y lo aventó contra Penchyna; gritándole que los habían traicionado al no pagarles y lo retó a golpes.
Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de Lozoya en Pemex, y testigo del hecho, reseñó en su declaración ministerial ante la FGR rendida el pasado 9 de septiembre: “Esta situación generó conmoción y alteró a las personas extranjeras que estaban sentadas en la misma mesa porque no entendían este desplante”.