¡La legislatura estatal de Guanajuato se estrenará, de verdad, con el trámite de un nuevo instrumento que pretende regular la “movilidad” de los guanajuatenses, o sea, la afectación legal a una garantía fundamental que se consagra en el artículo 11 de la Constitución: la libertad para viajar por el territorio nacional libremente.
La nueva ley intenta reglamentar la “movilidad”, esto es, el traslado de las personas dentro del estado de Guanajuato y sus municipios. Incidiendo también en el artículo 5to constitucional que reglamenta libertad de trabajo y la categoría de servicios públicos. Así pues, se pretende acometer un reto jurídico del mayor calado. No pinta fácil.
Se celebra el interés por un tema tan trascendente para la sociedad, y la problemática que engloba el que todos podamos llegar a nuestros trabajos y negocios, así como desplazarnos a nuestros hogares, centros de comercio, parques y zonas de diversión, etc., caminando o en un transporte económico, seguro, eficiente y sustentable.¿Pero cómo debe de abordarse el diseño de una iniciativa sobre un asunto con tantas aristas y tan sensible a la población? Me parece, francamente, que debe de realizarse cuidadosamente, cubriendo todos los flancos, recabando muchos datos y realizando los estudios y consultas pertinentes. Su sustento y motivo no pueden fundamentarse en solo unos cuantos párrafos presentados en una sencilla “Exposición de Motivos”, como prefacio de la iniciativa; para que sea discutida, y en su caso, aprobada por los diputados. Serían pasos seguros rumbo al fracaso.
Una regulación es una normatividad con impacto sobre ciertos sectores económicos, que deben de ser analizados y sus mercados concienzudamente estudiados. Una forma moderna de legislar impone un diseño jurídico basado en estudios sólidos, que a nuestro parecer, no se están solventando en la iniciativa que se propone, y que resultan necesarios para que los diputados hagan bien su labor.
Lo primero que se requiere es la formulación de un “Documento de Política Pública de Movilidad en Guanajuato”, en donde, antes que nada, se presente un diagnóstico de la problemática que enfrenta el Estado, se proporcionen los datos indicativos de ésta, se analicen y posteriormente se proceda a proponer las opciones encontradas para rebasar los obstáculos y lograr los avances deseados. No todas las vías son necesariamente jurídicas, y en el documento de política pública deben de analizarse minuciosamente todas las cuestiones. Ahí se deben presentar datos, estudios específicos y estadísticas, estatales y locales, para poder establecer indicadores que deberán de evaluarse, en su momento, y de ese modo asegurar que la política implementada sea la correcta y dé los frutos pretendidos. Sin un documento fornido y bien integrado, los diputados, simplemente, no pueden realizar su trabajo, irían a ciegas. Por lo menos no lo harán de forma responsable y estarían fallando a sus electores. Cuando se realiza una tarea legislativa seria y acuciosa, no hay tiempo para gestorías populacheras. Por eso, desde esta columna hemos sido enfáticos en señalar que el trabajo legislativo es una actividad que en la actualidad necesita procesar un cúmulo de información muy importante, con honestidad y sentido común, para generar un bien público fundamental: leyes.La iniciativa, por lo pronto, no viene bien. En solo una decena de párrafos, se intenta describir los antecedentes que dan motivo a la nueva ley. Se evidencia una insuficiencia de datos que no permite avalar el diseño concienzudo del nuevo instrumento regulatorio.De su contenido, se infiere un tufo sovietizante, por su compulsiva búsqueda del control burocrático sobre las actividades de la población, propia de políticas utilizadas a mediados del siglo pasado, que ya se encuentran superadas y rebasadas por iniciativas innovadoras. Eso ya no funciona. La poca información aportada no considera los efectos de la nueva legislación sobre los mercados que serán afectados, ni los costos de cumplimiento para los ciudadanos y sus actividades. Solo se piensa controlar y controlar, imponiendo costosos trámites que resultan absurdos para una sociedad en rápida evolución. La mejora regulatoria brilla por su ausencia.
El nuevo organismo regulador que se propone, un instituto, puede ser una idea viable; pero nunca se dice en la exposición de motivos, cuáles serán el blindaje y sus mecanismos para evitar la captura del órgano por los entes que intentará normar. Este es el verdadero reto, y corazón del problema: que los gremios de taxistas, camioneros y empresas transportistas no impongan sus intereses sobre el de los ciudadanos, que es, finalmente, lo que constituye y acrisola el bien común.
La deficiencia que he mencionado, se origina de la falta de capacidades regulatorias en los equipos del Ejecutivo Estatal. No es pecado mortal, el Gobierno Federal ya vivió esta situación en 2001, cuando las exigencias de un control más estricto en la calidad de las regulaciones obligaron a las diferentes dependencias y entidades a formar grupos especializados en regulación. Hay que hacerlo, solo así, se puede trabajar bien. Por lo pronto, los diputados deben solicitar más información, ya que por ahora, ni diagnóstico les adjuntaron.
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