Todo mundo sabe que han robado. A nadie le queda duda de que se han aprovechado del cargo público, para llenar las alforjas. Son motivo de escarnio y vergüenza entre la ciudadanía. Son escoria.
Sin embargo andan tan campantes, tranquilos, sonrientes. Saben que será muy difícil atraparlos. La impunidad está casi garantizada. Nada les sucederá. Durante años, el sistema político mexicano ha construido un andamiaje monumental, que permite robar y hacer mal uso de los fondos públicos sin correr peligro alguno. Duermen tranquilos.
La combinación existente, entre la carencia de documentación del desempeño de la función pública, la opacidad en la gestión y una legislación de responsabilidades ineficaz, han dado como resultado una amplia, continua y cómoda impunidad a los delincuentes, que a la vista de todos, esquilman a los ciudadanos, sustrayendo sus contribuciones al presupuesto público.
En el caso del municipio de León, desconozco detalles específicos sobre las indagaciones a la anterior administración, pero advierto, que si se basan en auditorías, difícilmente concluirán en acciones penales exitosas, contra funcionarios desleales. Las auditorías, ya lo he dicho, no son el mecanismo idóneo para identificar conductas delictivas, ya que sólo se trata de revisiones documentales. Los moches, por ejemplo, nunca serán encontrados, porque se dan fuera de la contabilidad gubernamental.
Pero no sólo es eso, tampoco se ha implementado un mecanismo de responsabilidades que pueda usarse para perseguir a los salteadores. Para comenzar, las conductas delictivas son escasas y mal tipificadas. No aparecen comportamientos como: colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo. Otros tipos como el conflicto de interés están mal definidos.
Pero también las actividades ejecutadas, por razón del encargo de cada funcionario, no están bien documentadas y clasificadas. Esto acarrea una situación perversa: brinda cobertura a los delincuentes, pues no hay forma de fincarles responsabilidades, pero expone a los buenos servidores públicos a ser indebidamente acosados e indiciados. Hace falta la construcción de un buen sistema de archivos, que es el cimiento de una administración profesional. Es la memoria legal de la gestión de cada gobierno.
La decisión del Ayuntamiento leonés, de que sus miembros presenten sus declaraciones llamadas “3de3”, son pertinentes en estos momentos. Se está formando con ello evidencia documental oficial, de la situación patrimonial, fiscal y de intereses, que en su momento puede ser utilizada para corroborar datos, que cuando menos desemboquen en el delito de perjurio (falsedad).
Sin embargo, si no se llevan a cabo cambios radicales en la administración pública, comenzando por poner orden en la generación y resguardo de la documentación, así como la máxima transparencia en la gestión, con el objeto de que los ciudadanos puedan juzgar a su gobierno; de nada servirá la construcción de medidas anticorrupción y la definición de nuevos delitos. La impunidad continuará porque se carece de la documentación de las instrucciones, resoluciones y opiniones de los altos funcionarios encargados de gobernar. Ahí reside la trampa que permite el abuso.
No sé que medidas tomará la actual administración municipal para perseguir a quienes traicionaron el designio popular. Pero estoy seguro de que si hay forma de poner coto a la corrupción, si se construyen los mecanismos administrativos, que garanticen que la delincuencia organizada que opera desde el gobierno, correrá grave peligro de ser descubierta y acusada penalmente; al tiempo que se garantiza a los buenos servidores, el desempeño sin sobresaltos ni amenazas, de su cargo. Si no se ejecutan estos cambios, todos los esfuerzos se irán al caño. Contralores se nombrarán, auditorías se ordenarán, pero todo seguirá igual, y la impunidad campeará en la administración pública. Es hora de comenzar a hacer las cosas de diferente manera, para obtener distintos resultados. Hechos, no palabras, es lo que espera la ciudadanía indignada.