La función legislativa es muy complicada. La conducción de la sociedad hacia situaciones mejores a las que ahora compartimos, requieren de suma de talentos y virtudes personales, que conformen una fuerza de acción suficiente para vencer las resistencias al cambio. Y para lograrlo, el trabajo legislativo es fundamental. Por eso, es obligación de los diputados, imprimirle racionalidad a las leyes que se procesen, de tal manera que beneficien a la colectividad y eviten situaciones y conductas contrarias a la sociedad en su conjunto. Son representantes de todos los guanajuatenses, no de intereses empresariales, comerciales, gremiales o individuales.
Hacer leyes, sancionar iniciativas que les sean enviadas por los otros poderes, aprobar el presupuesto del estado, fiscalizar sus cuentas públicas y las de los municipios, son las principales atribuciones, de las 34 asignadas constitucionalmente a la Cámara. ¿Cómo les puede quedar tiempo a los diputados para gestorías? El tamaño de las obligaciones que tienen encima es abrumador, no hay tiempo para distracciones.
Su principal compromiso, legislar bien, debe de ser cumplido a cabalidad. Y eso requiere de un ambiente diferente al que ahora se vive en el Congreso guanajuatense. Hacer leyes en el siglo XXI, significa poseer grupos interdisciplinarios para el análisis holístico de las normas. Me pregunto: ¿cuántos economistas, ingenieros industriales, sociólogos y antropólogos tiene contratados la Legislatura? ¿Cómo analizan las iniciativas? ¿Qué metodologías e indicadores utilizan? ¿Cómo pulsan los problemas de nuestra sociedad?
Contestar estas preguntas será difícil. Su actividad debe buscar interrelacionarse con grupos académicos nacionales y sobre todo estatales, que brinden información valiosa para el conocimiento profundo de las realidades que se intentan regular. Los alemanes, por ejemplo, usan desde hace lustros a la sociología jurídica como un radar social, para identificar fenómenos societales que deban ser normados. Intentan tapar el pozo antes de que el niño se ahogue.
Y no solamente se trata de imponer nuevas normas y congestionar a la sociedad de reglas innecesarias que únicamente beneficien a unos cuantos. La función legislativa, también debe de eliminar legislación, como en algún caso ya lo ha hecho esta legislatura. Eso está muy bien. Pero lo que hay que realizar son auditorías regulatorias a las legislaciones de mayor impacto, que identifiquen las normas absurdas, incongruentes y mal redactadas, para expulsarlas del marco normativo. Un chorro de trabajo para todas las comisiones.
Otra medida que pondría en una situación de ventaja a Guanajuato, sobre las demás legislaturas, sería la decisión del Congreso de exigir por ley, para toda iniciativa propia o de los demás poderes y ayuntamientos, una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). Y no estaría mal que el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE), interesado en la calidad de la legislación que se aprueba en nuestro estado, así como las demás asociaciones ciudadanas de la región, exijan este mecanismo, desarrollado para garantizar estándares óptimos para la regulación que se va emitiendo. La MIR es un estudio técnico que obliga a racionalizar la codificación que tratan de imponernos, explicitando sus antecedentes, datos económicos, circunstancias sociales, referentes legales nacionales e internacionales, y obliga a fijar con precisión el objetivo regulatorio. Es “manifestación” porque la deben firmar los responsables del proyecto, a fin de conocer a quién o quiénes se deben los beneficios o perjuicios que produzca la ley, es por lo tanto un instrumento de rendición de cuentas. Sin MIR no hay discusión seria de propuestas legislativas, no hay datos que contrastar, objetivos por discutir, experiencias para debatir… nada. Sólo un posicionamiento aburrido y débil de cada fracción parlamentaria, que a nadie interesa.
El Congreso puede acudir a la experiencia internacional, para un asesoramiento a fin de implementar la MIR de manera generalizada para su análisis legislativo. Es algo totalmente novedoso en México a nivel de un poder legislativo estatal. Seguramente en esos espacios encontrará interés, y el conocimiento pleno del mecanismo de control de calidad que debemos exigir.
Ahora bien, para implementar todo esto, se requiere de personal de alto perfil, que es costoso, y por lo tanto, de un aumento de gasto corriente. La nuevas inclusiones deben de responder a perfiles muy bien calificados, y no a distribución de posiciones como cuota partidaria o para cuates. Hay que formar un pequeño grupo técnico especializado en análisis económico, administrativo y social, que garantice la calidad de nuestras leyes. Y se debe de disponer de fondos para contratar algunos proyectos de investigación. Eso cuesta, pero cuesta más, muchísimo más una mala ley.
También es urgente concluir el nuevo edificio del Congreso. El costo de oportunidad no se ha considerado en las duras críticas lanzadas en contra de este gasto. Ya está ahí. Se necesitan estas nuevas instalaciones que contarán con espacios modernos y cómodos para trabajar y sostener reuniones, y, espero, con los sistemas informáticos de última generación, que permitan trabajos de procesamiento sofisticado de datos.
Queda todo el universo de la fiscalización y la discusión del presupuesto por repensar, pero de eso hablaré en otra entrega. Por lo pronto insisto: la posibilidad de la reelección viene, y con ella la necesidad del seguimiento puntual del trabajo de nuestros diputados. ¡Bien el CCE de León! Lo deberían de imitar más organizaciones civiles.
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