Avelina y el doble encargo
No hay duda, el PRI Municipal vive su peor crisis porque a pesar de que la Presidencia está llena de tricolores muchos aparentan otra cosa para no pagar sus cuotas al partido.
Total, que el Comité del PRI está en la pobreza no obstante que jóvenes priístas como Antonio Eugenio Mendoza, Alexander Medina y Jorge Torres García, muestran su entusiasmo en las tareas que emprenden.
Hace unos meses dio a conocer el propio presidente del Comité, Luis Felipe Luna Domínguez, que los militantes dejaron de pagar cuotas, entre ellos el propio alcalde capitalino Édgar Castro Cerrillo, aunque dicen que fue de los primeros en ponerse a mano.
Después llegó la tarea de reafiliar militantes con la meta de reunir cerca de 4 mil inscritos. Debido a la falta de una estrategia Luis Felipe llevaba registrados apenas unas docenas y ahí dejó el padrón.
Rigoberto Paredes Villagómez, ex dirigente de la CNC en el Estado y actual diputado local, acudió al rescate del PRI Guanajuato y dejó como encargada a Avelina Aguilar González quien comenzó a actualizar el padrón y lleva 800 inscritos.
Luis Felipe fue relegado y ya dejó de acudir a las reuniones de los militantes priístas.
Avelina Aguilar se convirtió en el brazo fuerte del Comité y ahora se parte en dos para atender sus actividades de asesora tricolor en el Congreso del Estado, y no descuidar el partido.
Incluso, se dice, que anda inspeccionando los temas de la designación de los delegados de las comunidades rurales en la capital del Estado.
También se han sumado al rescate del PRI Municipal los actuales regidores Gabino Carbajo y Gabriela Cárdenas, quienes están en la mayoría de las reuniones para atender temas legales y sociales. También se sumó el ex síndico Jorge Luis Hernández Rivera, a quien muchos quisieran ver nuevamente en la administración municipal porque siempre recibieron su apoyo.
El propio Santiago García López, presidente del PRI-Guanajuato, y actual diputado local, ha tenido que aportar para pagar los servicios de la oficina como agua, teléfono y luz, total, cobra doble salario.
También está atendiendo a las mujeres en el PRI Municipal, Miriam Alejo Torres, quien realiza actividades en fin de semana, principalmente en las comunidades rurales.
En fin, que con este cambio de timón se espera que se incremente el número de militantes para poder llegar al mágico número de 4 mil inscritos.
Tres de tres, de dientes para afuera
Senadores, diputados federales y locales, y los alcaldes, están a prueba a ver si le entran a presentar públicamente sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
Andan predicando el Sistema Nacional Anticorrupción y la declaración 3 de 3, como el senador Juan Carlos Romero Hicks, pero a la hora de la verdad, no presentan nada.
A propósito, los inspiradores de 3 de 3 acompañaron la iniciativa con 600 mil firmas de mexicanos hartos de que los políticos roben en nuestras narices y nadie los castigue.
Los senadores guanajuatenses del PRI, Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez García, apoyaron “mochar” la iniciativa y tampoco han hecho públicas sus declaraciones.
Y no son los únicos que no predican con el ejemplo, los senadores panistas Fernando Torres Graciano y Pilar Ortega Martínez, hablan todo el tiempo de transparencia y rendición de cuentas pero, en la plataforma pública 3 de 3 ninguno ha presentado sus declaraciones.
El góber Miguel Márquez ya puede hablar de 3 de 3 porque desde marzo informó que tiene dos casas en su natal Purísima, un terreno y un departamento en Guanajuato y un terreno en San Diego de Alejandría, Jalisco. En su declaración de intereses no reporta participación en empresas.
El alcalde Héctor López es el único de Guanajuato que aparece en 3 de 3. Además subió las declaraciones, junto con sus colaboradores, a la página de Presidencia.
De los 12 diputados federales del PAN y 7 del PRI que representan a Guanajuato, sólo se muestran las declaraciones de las leonesas Mayra Enríquez y Alejandra “La Wera” Reynoso”.
En cuanto a los diputados locales, aparece nada más Éctor Jaime Ramírez Barba.
Y en campaña ante el Observatorio Ciudadano, declaró sus bienes el síndico Carlos Medina.
Sistema Anticorrupción, llega a Guanajuato
Los diputados locales ya cocinan la reforma para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
El tema está en la cancha de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual inició con Ricardo Torres Origel (qpd) y sigue con la abogada panista leonesa, Libia García Muñoz Ledo. El dictamen no tarda en ser votado.
Ahí se revisan las iniciativas que presentaron: PAN, la diputada del PRI Arcelia González y el diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez. También hay que analizar lo que los ciudadanos plantearon en foros de consulta realizados en León, San Luis de la Paz, Celaya y Guanajuato.
Entre los temas a incorporar están algunos como: Fiscal Anticorrupción autónomo, las facultades de las contralorías municipales, la transformación del Tribunal Contencioso en el de Justicia Administrativa, y la operación que tenga el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema.
Todos contra Valente
Entre los constructores de vivienda de Guanajuato se vive una silenciosa pero aguerrida disputa de todo el gremio enfrentado con el empresario Valente Aguirre Meza, propietario del Grupo VGI.
El conflicto es por el fin de los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda.
La molestia del gremio viviendero es que, de los 356 millones de pesos que la Conavi tiene presupuestados este año como subsidio para que trabajadores con ingresos menores a cinco salarios mínimos puedan adquirir una vivienda, alrededor del 60% sean aprovechados por el Grupo VGI, quien desarrolla en León el fraccionamiento Brisas del Campestre -cerca del relleno sanitario El Verde-.
Por cierto el subsidio va a la baja pues en 2015 Guanajuato aprovechó 411 millones de pesos.
Y no es que VGI reciba el subsidio directo de Conavi, sino el trabajador que escoge dónde quiere su vivienda. Es una decisión personal pero en gran número se inclinan por donde sea más económico. Este fraccionador ha tomado ventaja, que sus competidores acusan es por comprar tierra barata alejada de la mancha urbana, con la complicación que eso trae por la falta de infraestructura y equipamiento urbano.
La rebelión de los vivienderos se materializó en una serie de cartas enviadas al Gobierno federal en la que piden poner un tope de 20% a la bolsa de subsidios de vivienda que pueda tener cada fraccionador.
La primera del 22 de abril la firmaron juntos el director de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (Coveg), Adrián Peña Miranda; y el presidente del Consejo de Canadevi (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda) Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez.
“…Existe la posibilidad de que la absorción de los subsidios destinados a Guanajuato se concentre en una, dos o tres empresas, lo que si bien desde el punto de vista cuantitativo se cumpliría con las metas, en lo cualitativo no se estaría honrando la indicación de democratizar las acciones del Gobierno federal del Sr. Presidente Peña Nieto…Esta solicitud de limitar hasta un 20% como máximo el acceso a la bolsa global, daría la posibilidad a 25 a 30 promotores-desarrolladores de acceder a dichos subsidios”, piden.
La directora general de la Conavi, Paloma Silva de Azorena, palabras más palabras menos, le respondió por escrito el 3 de junio que la distribución está sujeta a las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre del 2015 y que los subsidios se entregan a las personas físicas que cumplan requisitos. Así que no procede su solicitud pues son los trabajadores los que eligen en dónde quieren comprar casa.
Pero el conflicto no terminó ahí y la Canadevi y Gobierno del Estado sumaron refuerzos a la ofensiva.
El 9 de junio el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, pidió lo mismo a David Penchyna, director general del Infonavit; Paloma Silva de Anzorena, directora general de Conavi; y Rosario Robles Berlanga, titular de Sedatu.
“En representación de la CMIC de Guanajuato le solicitamos establecer como parámetro de distribución de la bolsa de subsidios hasta un 20% por promotor o desarrollador en el Estado.
Lo anterior para promover la mayor cantidad de socios en los procesos de construcción y fomentar y desarrollar una sana competencia en el sector. Y de acuerdo con la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto de rechazo absoluto a los monopolios en cualquier actividad económica en el País”.
Ese mismo día los dirigentes obreros en Guanajuato, Hugo Varela Flores, secretario general de la CTM; y Antonio Hernández Navarro, secretario general de la CROC, enviaron otra carta en igual sentido.
“No apoyamos la concentración de recursos públicos en muy pocas manos, sino al contrario, avalamos la distribución equitativa y equilibrada para la mayor cantidad de empresas desarrolladoras de vivienda, independientemente de su tamaño y afiliación a alguna cámara empresarial. Por lo que asignar hasta un 20% de la bolsa de subsidios por desarrollador permitirá un sano desarrollo para la región”.
Por un lado Conavi defiende el derecho del trabajador a elegir su vivienda, y por otro, los desarrolladores apoyados por el Gobierno del Estado, están preocupados por la concentración de los subsidios que pudiera paralizar la industria de la vivienda.
El hecho es que el fraccionamiento cuenta con el aval como suelo apto por la Sedatu y los permisos municipales el uso de suelo U3 que le hacen posible acceder a los subsidios, pues de estar en la siguiente categoría -R4- ya no los alcanzaría.
El desarrollo Brisas del Campestre se proyectó construirse por etapas desde 2010 a 2022.
El conflicto toma también otras aristas por la cercana relación de Valente Aguirre con la exalcaldesa hoy diputada Bárbara Botello, y también con su socio el senador de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez.
También el presidente de Canadevi Guanajuato, Ismael Plascencia, ‘toma con pinzas’ el tema pues es conocido el pleito que sostuvo hace algunos años con su exsocio Valente, con quien parece ya no querer broncas pero que tampoco puede hacerse de la ‘vista gorda’ con una solicitud que hacen los socios a quienes representa.