En el curso de la pasada semana se produjeron varios acontecimientos en el ámbito local y en el internacional de los cuales vale la pena destacar y comentar, aun cuando sea brevemente, los que se mencionan empezando por los nacionales.
El lunes 18 de este mes el Presidente de la República Enrique Peña Nieto promulgó las llamadas leyes anticorrupción, algunas de las cuales no son en realidad leyes que se hayan realizado con la finalidad de combatir la corrupción de los funcionarios y empleados públicos, pues es claro que varias de ellas ya existían y que a su texto original se le agrega uno o varios artículos especialmente dirigidos a vigilar que no se cometan actos de corrupción y que si éstos se dan se procure su persecución y castigo.
En el momento en que conforme al ritual ya establecido por el ejecutivo Federal para la promulgación de las leyes que se consideran especialmente importantes para los mexicanos, como es el caso de las mencionadas, el Presidente agregó algo que no estaba previsto y que tomó por sorpresa a todos los presentes en la ceremonia y después, cuando se publicó en los medios, a todos los ausentes a ella. En efecto, ahí el titular del ejecutivo Federal hizo referencia al asunto aquel de la adquisición por su esposa del inmueble que después fue conocido como la “ Casa Blanca” y que causó escándalo nacional e internacional por haber sido comprado a una empresa que realizó múltiples construcciones de obra pública para el ahora presidente cuando era gobernador del Estado de México. Se dijo entonces que esa operación era ilícita y que cuando menos se trataba de una situación en la que había conflicto de intereses, si no es que una cuestión mucho más complicada desde el punto de vista legal. El Presidente y su esposa negaron la acusación y dijeron que no había nada irregular. Se designó por el propio Presidente a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, para que hiciera la investigación pertinente. Éste después de varios meses concluyó, por supuesto, que todo había estado bien. Con ello parecía que este asunto se había dado por concluido, cuando menos por parte del Presidente.
La referencia fue para pedir perdón por haber dado lugar a la situación que según él mismo ofendió a los mexicanos. Indicó que no obstante que todo estaba dentro de la ley, había habido cierta imprudencia de su parte y que por ello se disculpaba.
Pasada la sorpresa, todo mundo se preguntó por qué hasta ahora pide perdón y se disculpa. Algunos interpretan esa actitud como verdaderamente sincera, valiente y digna de alabanza. Para otros, si bien es de elogiarse, sin embargo está fuera de tiempo porque el perdón debió haberse pedido en el momento en que el asunto trascendió a la opinión pública.
En mi opinión esa disculpa ciertamente es extemporánea, pero además se puede plantear la duda acerca de que en realidad lo que se quiere es apoyar el nuevo sistema anticorrupción y tratar de dejar definitivamente a un lado ese suceso que tanto desprestigio le ha ocasionado. Además, es clara la pretensión de dejar algo que apoye una nueva imagen para el PRI y en lo personal, que sirva en las elecciones del año entrante en el Estado de México y en otros lugares de nuestro país.
Ahora, bien, el tema de la corrupción en México y del sistema que trata de ponerse en marcha para combatirla, hasta ahora se ha centrado en lo que a mi juicio, si bien es importante, no es realmente lo que hará que este sistema funcione. Por qué digo esto, porque las instituciones no caminan solas, es por supuesto indispensable que los hombres que se encargan de realizar los papeles, los actos jurídicos y administrativos correspondientes sean los idóneos. En el caso no solamente en cuanto a su capacidad como personas con conocimientos suficientes en cada una de las áreas, sino de manera primordial y fundamental que sean honrados en el más estricto sentido del término y con la independencia y valentía que se requerirá para tratar llevar a buen fin el propósito de eliminar o disminuir de manera importante la corrupción. En México muchas de las instituciones no han dado resultado no porque sean malas o ineficaces, sino simplemente porque no ha habido personas que las hayan hecho funcionar como tenían que hacerlo. En el sistema anticorrupción que se está tratando de llevar a término será vital la correcta designación de los funcionarios que se indican tanto en la constitución, leyes secundarias actuales y en las que se realicen en el futuro. Ojalá que el conocido sistema de cuotas en los nombramientos de organismos colegiados que se sigue en la política mexicana se deje a un lado. Que los partidos políticos, los legisladores y el propio Presidente de la República busquen a los mejores, no sólo por sus conocimientos sino también por su independencia y principios morales. Si cada partido político por conducto de los diputados y senadores correspondientes va a buscar personas que sean afines y que sirvan conforme a consignas, las cosas no funcionarán. Igual habría que decir en cuanto a las proposiciones o designaciones del ejecutivo Federal y posteriormente en los estados, cuando en ellos se construyan los organismos anticorrupción locales.
En otro de los temas importantes de la semana hay que mencionar la pasividad de los gobiernos federal y de los estados en donde la CNTE ha sometido a las autoridades encargadas de la seguridad y la paz pública, así como de velar por los intereses de sus habitantes. No parece que esos gobiernos tomen en cuenta que la situación es de tal manera grave, según lo que los medios de comunicación nos dicen, que ya no es sólo y únicamente el daño local a esos estados y sus habitantes, pues éste se está extendiendo prácticamente a todo el territorio nacional en forma lenta pero segura. La inseguridad en la economía está comenzando a hacer más lentas las inversiones extranjeras y a punto de detenerlas. Necesario es que se pongan ya los remedios para hacer cesar las actividades delictuosas de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Si se sigue permitiendo que las protestas se traduzcan casi siempre en hechos delictuosos, quienes lo toleran están siendo también actores de otros ilícitos. Si quienes deben actuar no actúan por temor a que haya consecuencias político electorales, la omisión en que están incurriendo también se sancionara en esa forma y quizá en otra más grave. En ocasiones parece que el pueblo no tiene memoria en el ámbito electoral, pero los resultados de las pasadas elecciones demuestran lo contrario.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el conflicto magisterial se ha visto muy activa en defensa de los rebeldes, sin embargo esa diligencia no la ha demostrado cuando se ha denunciado que los gobiernos de los estados mencionados y el federal, incumplen con su obligación de garantizar la seguridad y la paz públicas. Omisión que, indudablemente, lesiona los derechos humanos de los habitantes de esos lugares, pero al respecto, hasta el momento en que escribo estas líneas, esa Comisión calla. Ojalá pronto se pronuncie al respecto y deje oír su voz en defensa de las víctimas para evitar que estas comiencen, como ya lo han hecho, a tomar la justicia en sus manos.
Se ha censurado al gobierno federal por no haber usado argumentos de más fuerza para criticar y desmentir los infundios del ahora candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Me parece injusta la crítica. El pueblo norteamericano es muy susceptible a la intervención extranjera en sus asuntos electorales. Ningún resultado favorable podría haberse obtenido, ni se obtendrá en el futuro hace críticas imprudentes. Aquí es mejor evitar incrementar los sentimientos nacionalistas, que llevaron a Trump a la candidatura.