Con cierta frecuencia en los medios de comunicación, prensa escrita o televisión, se dan a conocer los resultados de encuestas efectuadas por agencias especializadas de carácter privado o gubernamental en relación a la percepción de inseguridad que los mexicanos tenemos en los territorios en que habitamos. En los últimos días han vuelto a aparecer, en razón de que desde hace dos o tres semanas se han dado a conocer descubrimientos de fosas clandestinas en algunos lugares de nuestro país, de las que no se tenía conocimiento. Así, se ha señalado que es muy probable que en Jalisco haya más de 80 de ellas con los restos de 15 o más personas en cada una, aunque esto no es todavía algo cierto, pues solamente se han excavado en 10 ó 12. También se habla de que en el estado de Coahuila en una parte desértica se pudieran encontrar restos de varios miles de personas, aunque también esto está apenas siendo investigado, pero es una probabilidad funesta.
En la última encuesta acerca del tema de la inseguridad, realizada por el INEGI, se nos dice que al mes de septiembre de este año el 71. 9% de los mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en que viven, lo que representa un incremento importante de los resultados obtenidos en encuestas realizadas en septiembre del año pasado. Tal sentimiento es plenamente justificado si nos atenemos a lo que el mismo gobierno federal admite en cuanto a la frecuencia de aquellos delitos, no obstante que diga que muchos de los de alto impacto van a la baja. Quizá esto sea cierto, pero también es verdad que otro tipo de delitos han subido de manera muy notable.
Esa percepción de inseguridad es acompañada de otro sentimiento importante. Me refiero a que cada vez más en nuestro ánimo está surgiendo la idea de que el gobierno federal está perdiendo la batalla en contra del crimen organizado y específicamente en lo que se refiere al narcotráfico. En últimas fechas las bandas del crimen organizado han causado bajas muy importantes al ejército y a la policía federal, cosa que no se había tenido desde hace tres o cuatro años o cuando menos no con la frecuencia que en últimas fechas está sucediendo. No parece, pues, que el Estado tenga una estrategia adecuada para poner fin a la actividad delincuencial del crimen organizado.
En algunos lugares de nuestro país, como solución a la ineficacia gubernamental, aparecieron las agrupaciones de civiles haciendo veces de policía armada como fue en Guerrero y Michoacán. El remedio no resultó, pues en muchas de esas policías estaba infiltrado ya el crimen organizado. El gobierno a fin de cuentas las combatió y casi han desaparecido.
Pero ahora está surgiendo como solución parcial para abatir la inseguridad, la idea de que el ciudadano pueda estar armado no solamente en su casa, como está permitido constitucionalmente, sino también en su negocio o incluso pueda portar armas cuando viaje en automóvil o en la vía pública. Así lo sugiere un senador panista, Jorge Luis Preciado, proponiendo una reforma al artículo 10 de nuestra Constitución Federal.
Así, rápidamente considerada la propuesta, me parece que sería peor el remedio que la enfermedad, empleando esa frase popular. Razones surgen rápidamente para estimar que esa solución no es viable. La seguridad pública y combatir el crimen es tarea del Estado que exige una preparación especial; que en México el gobierno no la cumpla cabalmente no es base para que el particular lo supla. Casi con seguridad el contrabando de armas o el mercado negro de ellas surgiría ampliamente y, por supuesto, el crimen organizado estaría detrás. Habría una fuente más de ingresos para ellos. La ira y el miedo son pasiones peligrosas en un hombre armado. Los ejemplos los tenemos muy cerca con lo que pasa en los Estados Unidos, en donde cada semana alguna persona dispara en contra de otras por motivos que podrían calificarse incluso como irracionales, según vemos en los medios de comunicación. La regulación de la venta y portación de armas, podría sujetarse en la ley de manera drástica, pero aquí habría otra fuente de corrupción, para obtener permisos por quienes no estuvieran en las situaciones marcadas por la ley.
Ojalá que la propuesta no prospere. Mejor sería que exigieran al gobierno que inexcusablemente cumpliera con su función.
Merecido reconocimiento póstumo al señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara al ser propuesto para que el Senado le otorgue la medalla Belisario Domínguez. Esta persona dio su vida para evitar que explotara una gasolinera en Guerrero cuando un grupo de normalistas la incendió, impidiendo así que personas que estaban cerca, incluso los mismos incendiarios, fueron afectados por ella. Ojalá se la otorguen. Distinción para él y vergüenza para quienes no han sabido estar a la altura de las circunstancias en que el conflicto normalista se ha desarrollado.