El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Sin embargo esa norma constitucional es constantemente violada desde hace bastantes años, ante la incapacidad del Estado para cumplir cabalmente con su obligación de impartir justicia en forma adecuada y oportuna.Obligación que se traduce, por otra parte, en un derecho de todos y cada uno de los habitantes de nuestra República. No exagero al decir que siempre ha habido en nuestro país casos en donde uno o varios particulares hacen justicia por propia mano, así como con mayor frecuencia ejercen violencia para reclamar sus derechos.
En la actualidad esos casos se han repetido de manera verdaderamente alarmante. Para ejemplo basta invocar que en distintos lugares de nuestra patria, ante la inseguridad y ausencia de la autoridad para poner remedio, se han efectuado linchamientos que en la mayoría de los casos se traducen en la muerte del señalado como culpable. Así, también, los bloqueos a las carreteras o vías de comunicación, la ocupación de plazas públicas y de edificios de gobierno estatales o municipales han sido armas de lucha que desde tiempo atrás han utilizado grupos que sienten que sus demandas no están siendo escuchadas y, por supuesto,tampoco satisfechas. Pero en los últimos meses ha surgido lo que, independientemente de su ilicitud, es imposible tolerar. Sin embargo, las autoridades de todos los niveles, como se dice usualmente, no ponen lo suficiente para evitar y en su caso castigar a quienes hacen violencia para exigir algún derecho.
La víctima de algún delito realizado con violencia puede ejercer su derecho a la legítima defensa reconocido en la ley, la que sin embargo pone restricciones a la misma para evitar su exceso.Últimamente la prensa nos da cuenta con dos casos que se dice han sido realizados por “justicieros”. Es decir por persona o personas que ante la ineficacia de las autoridades policiacas y penales en general, castigan a quienes delinquen incluso con la muerte. Ejemplos son lo ocurrido en la madrugada del 31 octubre en la carretera México – Toluca y el 15 de noviembre en Naucalpan, Estado de México. Los presuntos delincuentes robaron a mano armada a los pasajeros de transportes públicos. Terminando de hacerlo, fueron sorprendidos por un pasajero que disparó sobre ellos y los mató e incluso se dice que estando heridos los remató.
Nadie identifica hasta ahora a esos justicieros, porque sin expresarlo así el sentido popular es que actuaron legítimamente ante la ausencia de la autoridad. Aquí encontramos una falsa legitimación por supuesto, pero lo trascendente es que se está extendiendo ese mal sentido de defensa o justicia. Hasta ahora han sido dos o tres casos en que un desconocido mata a los señalados como delincuentes. Pero revela que esa descomposición social que las autoridades argumentan como una de las razones por las que la delincuencia se ha extendido en las ciudades y zonas rurales de nuestro país, también está influyendo en quienes cansados de no recibir apoyo para salvaguardar sus personas y bienes, consideran que es necesario y legítimo socialmente actuar en sustitución de esa autoridad omisa. Las autoridades no parecen conceder mucha importancia a esto, lo cual es un error pues si se extendiera volveríamos a las épocas en que cada quien tenía que defenderse como pudiera. Pero, además, esto incide en que por la corrupción e ineficacia de esas autoridades su desprestigio avance y no se acuda a ellas buscando medios legales de protección. Lo cual socialmente resulta verdaderamente grave.
Con motivo de la rapiña de que se acusa al gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Duarte y a algunos de sus colaboradores, resulta que más de 50 presidentes municipales de ese estado, que afirman que el gobierno de esa entidad indebidamente no les ha entregado, desde hace varios meses, las participaciones federales que les corresponden, ilícitamente y violando el estado de derecho, ocuparon la casa de gobierno de la entidad federativa mencionada líneas arriba como medida de presión para que se las entregaran y la mantenían en su poder hasta mediados de la semana pasada. Hecho verdaderamente inaudito y que revela el poco respeto que las mismas autoridades encargadas de aplicar la ley en el ámbito administrativo tienen para con las normas legales que están obligadas a cumplirantes que nadie.
Alguien ha dicho, no recuerdo quién, que si Kafka hubiera escrito en México, sería calificado como un escritor costumbrista. Tristementelo comentado sólo puede suceder o verse en México.
A pesar de las voces minoritarias en contra, se otorgó, post mortem, la medalla Belisario Domínguez a Gerardo Miguel Rivas Cámara. Se hizo justicia.