Seguramente usted está enterado del escandaloso suceso protagonizado de manera primordial, pero no únicamente, por el ahora ex gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte.
En los medios de comunicación se informó de un apoderamiento indebido de los recursos financieros del Estado por este sujeto, cabeza de un grupo, por una cantidad superior a los mil millones de pesos, que se elevará según se vayan conociendo más tropelías.
Ello trasciende al ámbito político y económico de aquel estado, no sólo porque muestra el grado de corrupción a que se ha llegado sino también porque las finanzas del Gobierno de ese Estado quedaron prácticamente en la quiebra y dejaron en precaria situación económica a burócratas y empresarios que hicieron parte de la obra pública de esa entidad. Se encontró que la situación es tan seria que sin el auxilio del gobierno federal, difícilmente podría seguir funcionando la maquinaria administrativa veracruzana, pues las disposiciones indebidas afectaron también de manera amplia a más de 52 municipios de ese Estado. El ahora Gobernador antes de tomar posesión pidió a la Federación subsidios económicos especiales para responder a las deudas y desfalcos del anterior. Las autoridades federales dijeron no poder dar ese auxilio en la medida requerida.
Ante esa situación se han buscado otras formas de prestar ayuda al Gobierno entrante. Una, parece ser, entre otras, aprovechar un aspecto vinculado al derecho penal. Así, después de que se realizaron las acusaciones penales en contra del mencionado Javier Duarte y de algunos de los que le acompañaron en su aventura de corrupción, se procedió al aseguramiento de bienes de éste adquiridos antes de su ingreso al Gobierno Estatal, pero también y sobre todo de aquellos que, adquiridos por interpósita persona, pasaron a su poder.
Los medios de publicidad dieron la noticia de que a principios de la semana pasada se habían logrado recuperar más de 400 millones de pesos que habían sido trasladados del Gobierno Estatal a una o varias empresas particulares mediante procedimientos simulados, que aquí sería imposible explicar dado el espacio de que se dispone. Así, el Procurador General de la República declaró que un empresario al darse cuenta de que los recursos financieros ingresados a su empresa estaban vinculados a los desvíos de Javier Duarte y otros, acudió voluntariamente a la Procuraduría General de la República y devolvió inmediatamente algo así como 200 millones y se comprometió, suscribiendo los documentos pertinentes, a que en el año entrante en diversas partidas regresaría al estado de Veracruz otros 200 millones de pesos. Aquí el señor Procurador hizo el elogio de que ese aspecto reparatorio había sido en virtud de las bondades del nuevo procedimiento penal nacional.
En efecto, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 184 habla de las soluciones alternas para los conflictos penales y hace mención a los acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio, según el artículo 186 de la ley procesal mencionada, se celebra entre la víctima u ofendido y el imputado, con aprobación del fiscal o del juez de control y tiende a reparar el daño causado por el delito. Ese acuerdo extingue la acción penal.
En el caso que se comenta, por un acuerdo de este tipo se logró la devolución inmediata de los millones señalados y el compromiso de entregar otros en un plazo más o menos breve. Todo parece estar muy bien, pues la solución está o parece estar fundada en la ley. Sin embargo, surge cierta duda. Según la noticia el empresario o empresarios no están oficialmente imputados de algún delito y sin embargo ocurrieron a celebrar el convenio. Rara es esa situación, pues la ley es clara en cuanto a que los acuerdos reparatorios requieren la presencia de un imputado, es decir una persona a la que se le imputa la comisión de un delito. Si los que devuelven, como lo afirman, no sabían el origen del dinero, no pueden ser imputados y por tanto no puede haber acuerdo reparatorio. Ahora, bien, es difícil aceptar que los que recibieron el dinero en sus empresas no se habían dado cuenta de dónde provenía, pero si así sucedió no tenían por qué celebrar tal acuerdo. En todo caso la devolución tendría que haber sido de manera distinta.
Me da la impresión de que por la urgencia del dinero que permite rescatar algo de lo dispuesto indebidamente se optó por esa solución, con la que se corre el riesgo de impunidad para algunos que pudieran estar implicados en la comisión de los delitos. Esa solución aparentemente legal, puede no ser del todo moral. En fin, ojalá me equivoque en mi duda y ésta se provoque por la escasa información en cuanto a los datos de esos empresarios o empresario. “Poderoso caballero es don dinero”.