El pasado 8 diciembre de este año, es decir el jueves de la semana pasada, el Secretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos hizo declaraciones que han levantado ámpula entre la clase política, pero también preocupación de que no sea cierto que con el nuevo Sistema Procesal Penal Nacional, con los llamados juicios orales pues, se ha venido avanzando en el combate a la delincuencia y en especial a la delincuencia organizada. Pues resulta que si se analizan con cuidado esas declaraciones, se podrá entender algo que el General no dijo de manera expresa, pero sí implícita. En efecto, el señor Secretario prácticamente pidió que el Ejército y la Marina sean retirados de las labores policiales que hacen en el combate a la delincuencia desde hace 10 años. Afirmó que ello es porque no se encuentra la actuación de ese órgano dentro de un marco legal claro que le permita realizar su labor sin las vicisitudes jurídicas relativas a los derechos humanos que se han venido acentuando. Concretó también, que la seguridad nacional no corresponde al Ejército. Que no se ha promulgado la ley que regule su actuación y que es a la Secretaría de Gobernación a la que corresponde insistir para que se haga. Dijo también algo que es altamente significativo; que los miembros de las Fuerzas Armadas están dudando entre si cumplir con su misión corriendo el riesgo de ser acusados de violación a los derechos humanos con las sanciones correspondientes o no hacerlo arriesgándose a ser procesados por desobediencia, que en todo caso sería menos grave. Insistió en que se promulgue la ley porque los actuales parlamentarios no lo han hecho.
Ciertamente tiene razón cuando dice que desde hace 10 años el entonces presidente Felipe Calderón ordenó al Ejército y a la Marina que se involucraran en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada realizando labores de Policía. Desde entonces existe un proyecto de ley para regular esa actuación pero hasta la actualidad no se ha votado en las cámaras legislativas. Ante esa situación la pregunta es ¿10 años no son suficientes para realizar la ley que se solicita con insistencia? No parece, pues que haya ninguna excusa válida para que no se dé a la actuación de las Fuerzas Armadas el sustento legal necesario. Tiene razón al señalar que la seguridad interior del País no le corresponde a la defensa nacional, sino en todo caso al secretario de gobernación, pero que éste no ha presionado. Interesante y alarmante es, diría yo, que sus palabras dejan ver el hartazgo de los militares por la falta de apoyo legislativo y de los mismos encargados de combatir a su lado la delincuencia, que en gran medida ha traído la consecuencia de que el ejército al tratar de cumplir con la encomienda obrando con dureza, quizá más de la necesaria en algunos casos, haya sido objeto de frecuentes acusaciones de violación a los derechos humanos. Esto ha hecho que el Ejército y también la Marina estén perdiendo el respeto que antes habían tenido en la sociedad. Hartazgo que puede tener como consecuencia una disminución de su eficacia en esas labores que no les corresponden. Lo que sería grave, pues está visto que si con la actuación del Ejército la persecución a la delincuencia organizada está fracasando, esto se agravaría si se dejan solas a las policías Federal, estatales y municipales.
De lo declarado por el Secretario de la Defensa Nacional se desprende también la admisión de que las policías en México, salvo excepciones, no han podido adquirir el nivel necesario para cumplir con los requisitos que exige la nueva forma de impartir justicia, que apenas si se ha implantado ya está sufriendo tumbos cada vez más graves, aunque poco conocidos, malo pues la eficacia policiaca es uno de los pilares de los llamados juicios orales.
El propio Presidente de la República al clausurar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia reconoció el trabajo del Ejército y de la Marina en el ámbito de la lucha contra el crimen y de la seguridad nacional; pero nada dijo claramente en relación al apoyo solicitado o al regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. Con ello admite, indudablemente, que el aparato preventivo y de investigación policial está muy abajo de los requerimientos necesarios. Sí, es cierto, que cuando después de ocho años de preparación los juicios orales se pusieron en vigencia en todo el territorio nacional se dijo que poco a poco se irían consolidando, pero eso, por lo visto, no ha comenzado. La trascendencia de esa reforma hacía necesario que al comenzar las bases fueran firmes aunque los detalles menores tendrían que irse puliendo. Pero parece que no es así, aun esas bases están débiles. Nada de eso es alentador.