Al día siguiente de que el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, expresó la inconformidad que impera en el Ejército por la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran sus miembros en su combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada al ejecutar acciones policiales sustituyendo los cuerpos de policía que debieran hacerlas, nuestros políticos reaccionaron de la manera ya conocida. Es decir, que sin hacer mayor comentario acerca de la crítica que el general mencionado realizó, cuando se refirió a que el poder legislativo no había atendido a la necesidad de legislar para regular la actuación del Ejército en esas labores policiales y pedía que a la brevedad se hiciera; los líderes de las cámaras de diputados y senadores señalaron que inmediatamente se pondrían a trabajar en una iniciativa de ley que ya tenían en su poder enviada por el ejecutivo Federal, a la que hasta entonces no se le había dado realmente ningún trámite. En otras palabras, la crítica no les hizo mella, pues no efectuaron ninguna explicación del por qué no habían cumplido con su deber y que sólo hasta ese reclamo se abocaron a comenzar con los trámites pertinentes para analizarla. Ante la exigencia de los políticos de las cámaras legislativas y sobre todo sus líderes debieron haber dado alguna explicación del porqué de esa tardanza, pero no fue así. Lo sucedido no es en realidad novedoso, nuestros legisladores casi nunca explican el porqué de sus faltas, muy frecuentes, al cumplimiento de las obligaciones que le son propias cuando dejan a un lado los términos que por ley debieran observar.
Por otra parte, otros manifestaron la opinión de que las Fuerzas Armadas deberían volver a la brevedad a los cuarteles. Mientras que otros políticos, si bien indicaron que el Ejército y la Marina armada tendrían que ser regresados a sus cuarteles, sin embargo expresaron que esto no podría ser, ya no digo de manera inmediata, sino ni siquiera en un plazo mediano.
Discutido cuál de las dos cámaras tendría la función de cámara de origen y señalado este punto, se concretó que el examen no sería sino después de haber escuchado a los expertos y a la opinión pública nacional. Para esto se dice que se van a realizar consultas y foros para convocar a todos los interesados para que expresen sus puntos de vista, los que pudieran ser tomados en cuenta en su momento. Pero aquí parece que la forma en que se pretende hacerlo va a ser una más de esas artimañas utilizadas frecuentemente para dar la impresión de que se tomaron en cuenta los resultados de debates y consultas en la confección de una ley. La artimaña es que si vienen esos debates, consultas o foros que se anuncian, se programan y desarrollan en un tiempo tan limitado que los que no están previamente avisados no tienen tiempo de prepararse para concurrir. En el caso se ha dicho que los eventos anunciados serán en el curso de diciembre y parte de enero para que a finales de ese mismo mes se tengan listos para ser considerados en un periodo extraordinario de sesiones que sería, probablemente, a fines del señalado mes de enero o de febrero. El plazo es verdaderamente corto, de tal manera que los que no están avisados, prácticamente no pueden prepararse seriamente para participar. Ello no porque no pudieran confeccionar su participación en escasamente 22 días o un mes si solamente se dedicaran a ello, pero resulta que casi en todos los casos las personas que pudieran comparecer tienen otras ocupaciones que roban su tiempo y no les dan la posibilidad de dedicarlo totalmente a esos eventos que se programarán. Si, además, como parece que se hará, las sedes serán unas cuantas distribuidas en distintos lugares de nuestra República, la participación real y auténtica de los entendidos en este tema podría ser escasa.
Es de esperarse que por la trascendencia de esa ley los foros y consultas sean verdaderos y auténticos y se dé oportunidad a que haya una participación realmente significativa.
Esa ley tendrá aspectos importantes para la seguridad interior de la República. Será una ley de seguridad pública en donde se tocará no sólo la participación del ejército y la de las policías Federal, locales y municipales y si sus facultades para actuar deben ser ampliadas, como quieren algunos. Por otra parte, aunque no se dice de manera específica, ahí se podrían incluir los puntos necesarios para que las autoridades puedan establecer, aunque de manera limitada, los llamados estados de excepción en donde los derechos humanos se ven afectados en algunos aspectos, sin llegar a lo que aquí en México se llama genéricamente suspensión de garantías. Es pues una ley importante que a todo mundo debe interesarnos saber de ella y si se puede participar en los debates, sobre todo en la provincia donde hay personas que mucho pueden aportar.