Casi desde que se puso en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, me refiero a los denominados juicios orales, ha habido quejas en relación a su aplicación, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte de estos, aún cuando en estricto rigor el inicio no es un verdadero procedimiento judicial. Lo que causa más inconformidad son los trámites iniciales que corresponden a la formación de la carpeta de investigación, conforme a la nueva terminología de esos juicios. Es decir, las investigaciones realizadas por los cuerpos especializados para ello o en su caso por los que podrían llamarse auxiliares, que son las otras policías que colaboran con el ministerio público, pero que también tienen función preventiva. En efecto, los medios de comunicación, cada vez con mayor frecuencia, publican quejas y manifestaciones desacuerdo con el actuar de esas policías. Se dice que son ineficientes y no integran adecuadamente las mencionadas carpetas con la consecuencia de que al ser llevados los presuntos delincuentes ante los jueces de control, con frecuencia estos consideran que están mal integradas o que, las detenciones no han sido realizadas correctamente con violación a los derechos humanos del presunto indiciado. Esto ocasiona, por supuesto, que el detenido sea puesto en libertad y sin sujeción a proceso. En no pocas ocasiones los representantes de las policías aseguran que estas actúan en forma correcta. Que los jueces son demasiado estrictos, en otras palabras, que se exceden en el aspecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de los presuntos delincuentes. Sin que se tenga a la mano una estadística al respecto, parece que quienes dicen que las policías son deficientes tienen razón, puesto que si nos guiamos por lo que los medios de comunicación publican y la percepción social al respecto, lo fundamental del problema está en las policías. A lo mejor eso no es totalmente cierto, pero es lo que las circunstancias conocidas a nivel nacional nos hacen pensar. Es así, porque constantemente se nos dice de casos de corrupción de la policía o de los agentes investigadores.
Cuando semanas después de que se puso en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales y llegó el plazo para que en todo el territorio nacional tuviera vigencia, ante las críticas de que este tipo de juicios no estaban dando resultado, los mismos encargados de realizar todos lo necesario para instaurarlos dijeron que con el tiempo se irían consolidando y los errores se corregirían. Pero también destacaron de manera muy clara que el mayor problema consistía en la falta de preparación de las corporaciones policiacas, si bien no tanto en las federales sino en las municipales y las estatales tachándolas de ineficientes y corruptas. También a manera de disculpa dijeron que los gobernadores no estaban poniendo todo lo necesario para que la reforma penal caminara, al no haber puesto lo pertinente para que al momento de entrar en vigor la reforma esas policías estuvieran preparadas. Algo se dijo, también, de que en algunos estados los poderes judiciales no estaban siendo capacitados adecuadamente, pero que eso se consideraba una razón menor en relación a los errores que se estaban encontrando.
Habrá que esperar los informes que están obligados a rendir los estados en cuanto a cómo camina la reforma en sus territorios, para saber si es cierto que la inconformidad provocada, sobre todo en relación a las primeras etapas del proceso, se debe a la deficiencia de los policías, como parece, y no tanto de los juzgadores. Pero por lo pronto la inconformidad existe y cada vez se incrementa no sólo en relación a las policías, sino también a los jueces. Si se me permitiera particularizar y referirme tan sólo al estado de Guanajuato, me atrevería a decir que el problema de los delincuentes que no son detenidos y de los que sí lo son y pronto son puestos en libertad, radica en la deficiencia de los policías y no sólo de aquellos que además de tener como misión la prevención, ahora también se les quiere involucrar en la investigación o cuando menos en las fases iniciales de ésta. Y digo esto porque salvo casos de excepción en Guanajuato los jueces siempre han cumplido al límite de sus posibilidades con sus tareas y con ausencia casi total de corrupción. Los desacuerdos con la actitud judicial, también me atrevo a decirlo, devienen del desconocimiento de las leyes relativas a los juicios orales, que pretenden como una política social evitar hasta donde sea posible la detención durante el juicio, no sólo por la presunción de inocencia, sino también porque las cárceles son todavía escuela del crimen y no de regeneración. Aquí se quieren reformar las leyes y maniatar a los jueces. Pero no sólo está ahí el remedio.