El gobernador Miguel Márquez recibió el lunes a su nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, con una instrucción directa para su gabinete: él es el número dos. Que no les quepa duda.
Lo que parece obvio, no lo es. Los titulares en el gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado están acostumbrados a recibir las órdenes y regaños únicamente del gobernador Márquez. Pero ya no.
Al anterior secretario de Gobierno, Toño Salvador García, todos le tenían respeto y aprecio, pero su relación fue más de entre pares que como el hombre fuerte del Gobernador al que había responderle.
Por eso Márquez, recién desempacado de sus vacaciones de Semana Santa, los sentó a todos en una reunión privada para presentarles a Gustavo y textual les dijo “él es el número dos en Gobierno”. Les pidió todo su apoyo y les advirtió que el nuevo Secretario puede intervenir en cualquier área y tema.
Desde luego que tiene sus “papas calientes” y responsabilidades directas de su área, pero con ese mensaje Márquez también le manda a Gustavo otro: el de que quiere que sea sus ojos en todos lados. Pero además un operador político que resuelva los problemas del día a día y que evite los de mañana.
Lo primero que tiene que hacer es tomar el control del tema #1: la seguridad. En el Programa de Gobierno 2012-2018 el eje de Seguridad es precisamente coordinado por el Secre de Gobierno. Bajo su liderazgo están la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Márquez le recordó a su gabinete la trayectoria de Rodríguez Junquera no sólo como Procurador de los Derechos Humanos durante ocho años, sino como Director de Relaciones Jurídico Laborales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y en la PGR como Director General de Asuntos Especiales en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.
Y llega en el peor clima de violencia en la historia de Guanajuato. El primer trimestre de 2017 se rompió un récord de homicidios con 326, muy por encima del mismo periodo del 2016 con 216, según los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aparecemos el primer trimestre del año en lugar 12 con peor incidencia. De ahí la defensa que siempre hace el dúo dinámico Álvar-Zamarripa de que no somos lo peor y que estamos por debajo del promedio nacional, y tienen razón. En 2016 el índice en Guanajuato fue de 16.39 y el nacional de 17.03 y en este año de 4.43 contra 4.58.
Los otros once con mayor tasa de homicidios que Guanajuato son: Colima, Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.
Lo que no dicen los funcionarios, y es lo que debe ser su preocupación, es que por ejemplo en el 2012 (cuando inició el Gobierno de Márquez) Guanajuato era el lugar 17 en tasa de homicidios dolosos.
Pero no es el único indicador del deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad. Uno es la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en la que se reporta que el 78.2% de la población en León siente que la ciudad es insegura, 5 puntos más que hace un año.
Para el 74.5 por ciento de los encuestados en León lo que más les preocupa son los robos o asaltos.
La percepción de inseguridad para los leoneses supera al que tienen en muchas otras ciudades, como son: Aguascalientes, Mexicali, La Paz, San Francisco de Campeche, Saltillo, La Laguna, Piedras Negras, Colima, Manzanillo, Chihuahua, Juárez, Durango, La Laguna, Hidalgo, Guadalajara, Vallarta, Toluca, Morelia, Tepic, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Cancún, San Luis Potosí, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Hermosillo, Nogales, Tampico, Nuevo Laredo, Tlaxcala, y Mérida.
Aunque todavía, según la encuesta, nos sentimos mejor que en: Tijuana, Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Ecatepec, Ciudad Neza, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Villahermosa, Reynosa, Veracruz, Coatzacoalcos, Zacatecas y Fresnillo.
En poco más de un año es ingenuo pensar que un funcionario llegará con la varita mágica a resolver, pero sí tiene que hacerse sentir en que se reconozca el grave problema y se revise completito el trabajo que sí está en la cancha del Estado, así como los esquemas de coordinación con otras autoridades.
Lo más crítico, sin duda, es la operación del programa “Escudo” defendido a capa y espada por el gobernador Márquez y el secretario Álvar Cabeza de Vaca, y cuestionado por la oposición. La realidad es que poco o nada se puede calificar con certeza pues toda la información de eso la tienen bajo llave.
En una reciente solicitud de acceso a la información am quiso saber los resultados, pero ‘nananais’.
Además está bajo presión para dar salida pronta y correcta al plan de movilidad interurbana ‘Unebús’.
Gustavo no es militante activo del PAN, pero no fue mal visto su nombramiento en ese partido.
En la oposición no hubo mayor oposición, salvo algunas voces que no ven bien su salto de ex Ombudsman a funcionario de Márquez. Una de las críticas fue de la diputada federal del PRI, Yulma Rocha, que así lo dijo en tuiter:”Incorporación de ex Procurador DH a gob @miguelmarquezm confirma que actuación d este organismo siempre ha dependido d PAN-gobierno #Lamentable”.
Cuentan que el Secretario anda muy motivado, y deja muy noche su oficina para ponerse al corriente. Aunque al final lo que le dará crédito no será otra cosa que los resultados, y sólo le quedan 17 meses.
Derechos Humanos, avances y deudas
En Guanajuato hay una deuda pendiente con los derechos humanos.
Así queda claro para cualquiera que se asome a leer el Informe de Actividades 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) que el Jueves Santo entregó el ombudsman, José Raúl Montero, al Congreso del Estado, y esta semana al gobernador Márquez.
Les voy a dar unos datos que llaman a la reflexión y a la atención de las autoridades de varios órdenes y niveles. Esas recomendaciones fueron en su mayoría hechas por el hoy Secretario de Gobierno y que ahora deberá exigir cumplir plenamente a los titulares de las áreas de Seguridad, Salud y Educación.
Las autoridades más señaladas fueron: Direcciones de Seguridad Pública Municipal (28% de quejas); Procuraduría de Justicia (18%); autoridades federales (13.3%) y Secretaría de Seguridad (9.35%).
En total la PDHEG emitió 427 recomendaciones (218 autoridades estatales y 209 municipales). El registro es de un 22% menos que en 2015 y la cantidad más baja desde el 2011.
Lo anterior puede leerse como un avance en la cultura del respeto a los derechos humanos, pero habrá que ir más allá. Por ejemplo sobre las razones a detalle de por qué muchas quejas no terminan en una recomendación, y sobre el tiempo en que se tardan en resolverlas y que puede llevar al quejoso a desistir.
Por citar un caso de los tiempos para resolver, la PDHEG tiene pendiente el expediente del asesinato el 29 de julio del año pasado de un joven de 17 años a manos de un policía municipal en Los Castillos.
En el anexo del Informe también se retoman los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI que dejan mal parado a Guanajuato en la acumulación de carpetas de investigación sin concluir, con 47 mil 410. En el 2014 eran aproximadamente 42 mil.
Lo anterior obliga a quien antes lo señaló, Gustavo Rodríguez, a buscar las respuestas al problema. Está obligado a sentarse con el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el presidente del Poder Judicial, Miguel Valadez, y hacer una profunda revisión al funcionamiento del nuevo Sistema Penal cuyas bondades de transparencia y respeto a los derechos nadie discute, pero las carpetas se acumulan.
Otra área de oportunidad es la Secretaría de Salud que en 2016 registró un máximo histórico de recomendaciones con un total de 62, que es un 27% más que el año anterior. De ese total un 92% tienen relación con el derecho humano a la salud (negativa o inadecuada prestación del servicio y trato digno).
De la Secretaría de Educación fueron 48 recomendaciones, un 6% a la baja. Pero ojo al bullying.
Otro tema para cuestionarse es que de las 427 recomendaciones hubo cinco no aceptadas: dos dirigidas al Presidente Municipal de San José Iturbide, dos al de San Felipe y una al de San Diego de la Unión.
En la evaluación de los ceresos que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se destaca que los de Guanajuato están en primer lugar por las mejores condiciones, pero hay focos amarillos que atender. En los de León y Valle de Santiago se acusa que se registran actividades ilícitas.
La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso Local, que tiene como presidente a la priísta irapuatense Irma Leticia González, están obligados a profundizar en este Informe.
En Secretaría de Gobierno desde enero del 2016 se creó una Dirección General de Derechos Humanos a cargo de la exdiputada federal panista, Lucila Gallegos, desde donde debe empujarse estos temas.
Luego de haber presentado el Informe de su antecesor el reto de José Raúl Montero (que tomó protesta el 24 de noviembre) es echar a andar con éxito su plan de trabajo, que incluye programas como el Ombudsmóvil, la elaboración de indicadores en materia de derechos humanos, el uso de nuevos tecnologías, la ampliación de las jornadas de paz escolar y el fortalecimiento de la reparación del daño.
Es la hora que Montero de Alba se haga sentir o les dará la razón a sus detractores de estar ‘a modo’.
Inversiones, vistazo a la estrategia
El Gobierno del Estado aceptó someter a estudio la estrategia de atracción de inversiones.
Desde hace rato que, en colaboración con los consejos coordinadores empresariales de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en hacer un estudio sobre el impacto de la inversión extranjera en Guanajuato y cómo aprovecharla mejor.
El intento de explorar ese tema al encargar una primera parte de un estudio a una consultora, fracasó. El documento que les entregaron no dejó contentos ni al Gobierno Estatal ni a los líderes empresariales.
Pero el interés no quedará en el cajón. El secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero, ya les comunicó que en el presupuesto 2017 hay recurso etiquetado para un estudio amplio sobre el impacto de la atracción de inversiones y se convocará para su ejecución a despachos de prestigio nacional.
Además se encargará otro estudio sobre un tema que inquieta al gremio empresarial del estado: el desarrollo del capital humano. Y se van a revisar múltiples factores: educación, capacitación, desarrollo de competencias, rotación de personal, adicciones en trabajadores, guarderías, transporte, etcétera.
Y otro tema pendiente que coordinará el Iplaneg -que comanda Lalo Sojo- es el Plan Maestro del Polígono de Toyota (manual que diga santo y seña para el desarrollo ordenado de esa región).
Los empresarios y el Estado coinciden en el éxito de la política de atracciones de inversiones, pero también en encontrar qué otras cosas se pueden hacer mejor.
En el periodo de septiembre 2012-diciembre 2016 se registra un total de 10 mil 300 millones de dólares en 222 proyectos de inversión y el compromiso de 75 mil 100 empleos. El PIB de la industria automotriz en Guanajuato tiene del 2013 al 2015 un crecimiento acumulado del 61.6 por ciento.
Ante los diputados en la Glosa del V Informe Romero Pacheco iba preparado y les mostró que los incentivos a Toyota por parte del Estado fue tierra y recurso de mil 151 millones de pesos, cifra muy por debajo de los 10 mmdp del Gobierno de Puebla a Audi y los 11,500 mdp de Nuevo León para KIA.
Pero en el empresariado local prevalece el sentir de que se consiente a los extranjeros. Por eso es importante atreverse a aterrizar alternativas que nos ayuden en ¿qué otras cosas debemos hacer, además de traer empresas?