En los últimos días han arreciado las quejas en contra del nuevo Sistema Nacional de Justicia Penal, concretamente en contra de los llamados juicios orales. Esas quejas comenzaron, tímidamente, casi en el momento en que el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor, aproximadamente hace un año. Pero estas fueron creciendo según se iban detectando supuestas o reales fallas de procedimiento que han permitido que con frecuencia presuntos delincuentes detenidos, supuestamente en flagrancia, hayan sido liberados al poco tiempo porque los jueces no encuentran méritos suficientes para vincularlos a proceso. También motivo de queja es el que algunos de los presuntos delincuentes tienen varios ingresos a prisión y no obstante eso no se les vincula a proceso. Pero aún más, causa molestia, sobre todo a las autoridades encargadas de las averiguaciones para formar las carpetas de investigación, llámense Policía o Ministerio Público, que a pocos de los que están vinculados a proceso se les sujeta a la prisión preventiva, ya que sólo para algunos delitos se exige ésta oficiosamente, lo que ocasiona, según el decir de esos críticos, que esos presuntos criminales vuelvan a delinquir incrementando los índices de criminalidad y la inseguridad. Se dice, pues, que este nuevo sistema de juicios acusatorios y adversaria les es en exceso garantista lo que propicia que estén en libertad sujetos que debieran estar en la cárcel y que ello desanima a las policías en su labor de cuidar de la seguridad pública.
Actualmente esas quejas ya se están expresando prácticamente a nivel nacional, pues además de que el Procurador General de Justicia de la República ha impulsado la organización de foros destinados a una revisión básicamente del Código de Procedimientos Penales Nacional, en los últimos días los gobernadores del país parece que se suman a esas quejas, pues el actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, mandamás de la Ciudad de México ha manifestado, que en efecto, el nuevo Sistema Penal ha propiciado que los presuntos delincuentes puedan mantener la libertad no obstante estar vinculados a proceso, lo que les permite volver a delinquir y con ello aumentar la inseguridad social y complicar la actuación de las policías. Que por lo tanto, dice ese funcionario, habrá que modificar algunas cosas en ese nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero además, otras voces quieren que se aumenten las penas a algunos de los delitos, de tal manera que no sea posible que quienes presuntamente los cometen sigan en libertad durante el proceso.
Me parece que los que se quejan quieren, con base en que los jueces ponen en libertad a muchos presuntos delincuentes al aplicar la ley, disimular la falta de preparación de las policías e incluso del Ministerio Público en algunos casos, lo que ocasiona que las carpetas de investigación estén defectuosamente confeccionadas, no sólo en cuanto a las pruebas, sino también con mucha frecuencia contienen violaciones a los Derechos Humanos. Ya desde que se tomó la decisión de implantar en la república los llamados juicios orales, se advirtió que las policías mexicanas no tenían la preparación adecuada para conducirse eficientemente en las investigaciones. Incluso cuando se anunció la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal a nivel nacional se admitió por quienes se encargaron de implementarlo que habría que seguir capacitando a las policías porque no era bastante lo que hasta el momento se había hecho en ese renglón. Constantemente en los medios de comunicación, la Secretaría de Gobernación, voceros de algunas comisiones de las cámaras legislativas e incluso en algún momento, mediante declaraciones, políticos y funcionarios destacados han admitido, que sobre todo las policías estatales y municipales no tienen en una gran proporción preparación para realizar sus tareas.
Tratar de cubrir la ineficiencia policiaca y ministerial suprimiendo prácticamente la posibilidad de libertad durante el proceso o disminuyendo las garantías procesales para la observancia de los derechos humanos es un error. Lo que se tiene que hacer es lo que debió haberse hecho desde antes de que entrara en vigor el nuevo Sistema Penal, esto es, una capacitación seria, real y suficiente de todas las policías, comenzando por su dignificación. Más presuntos inocentes en las cárceles es contrario al postulado fundamental de la presunción de inocencia, que sólo debe dejarse a un lado en casos excepcionales y no convertirlo en lo ordinario como prácticamente se pretende con la solución que se propone, la que conllevaría al peligro de volver parcialmente al sistema que se abandonó, cuando menos formalmente, sobre todo ahora que la crisis permanente del Sistema Penitenciario del país está llegando al máximo. Aún cuando en ese aspecto Guanajuato haya sido aprobado.